Procurador pide calma y frena versiones de fraude en pleno escrutinio electoral
Imagen: El Tiempo - Política
Gregorio Eljach pidió bajar la tensión en medio del escrutinio y advirtió que no hay soportes que hoy permitan hablar de fraude. El llamado busca contener una disputa política que, si escala sin pruebas, puede erosionar la confianza electoral.
El procurador general, Gregorio Eljach, salió este miércoles a ponerle freno a la narrativa de fraude que empezó a circular alrededor del proceso de escrutinio. Su mensaje fue claro: la Procuraduría no está para tomar partido, sino para garantizar reglas para ambas campañas, y hasta ahora no existe una prueba adjunta que permita sostener acusaciones de irregularidades. En un ambiente político tan inflamable como el colombiano, esa precisión no es menor: cuando el debate se adelanta a la evidencia, el riesgo no solo es la desinformación, sino el deterioro prematuro de la legitimidad de los resultados.
De acuerdo con lo dicho por Eljach, el llamado institucional es a la calma y a permitir que el escrutinio avance por los canales previstos. La Procuraduría, en ese marco, cumple una función de vigilancia sobre el proceso y de acompañamiento para que cada campaña tenga garantías. El punto central de su intervención no fue solo jurídico, sino político: evitar que acusaciones sin soporte se conviertan en relato oficial antes de que las autoridades electorales terminen de verificar actas, votos y eventuales reclamaciones. En otras palabras, el mensaje es que la sospecha no puede sustituir la prueba.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para la democracia colombiana. Cada jornada electoral deja una disputa inevitable entre resultados, lecturas políticas y reclamos de los perdedores, pero la experiencia muestra que las denuncias apresuradas suelen ganar terreno en redes sociales mucho antes de que aparezcan los elementos técnicos para sustentarlas. Por eso importa lo que dijo Eljach: no solo está defendiendo la neutralidad de la Procuraduría, también está intentando evitar que se instale una idea de fraude como hecho consumado cuando lo que hay, por ahora, son señalamientos sin respaldo documentado. Si el sistema electoral pierde credibilidad en la conversación pública antes de cerrar sus verificaciones, el daño político puede ser mayor que cualquier diferencia numérica en las mesas.
En el fondo, este episodio refleja un problema más amplio: la creciente dificultad para separar la disputa democrática legítima de la estrategia de presión política. Las campañas tienen derecho a cuestionar, reclamar y revisar cada etapa del escrutinio, pero ese derecho no las autoriza a incendiar el debate con afirmaciones que todavía no resisten contraste. Eljach, al insistir en que no hay pruebas presentadas, está marcando una línea que debería ser obvia y, sin embargo, cada vez se vuelve más difícil de sostener en el clima electoral: en democracia, denunciar es un derecho; probar, una obligación.
