Congreso impulsa reforma para volver obligatorios los grados 10° y 11° en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
Una coalición multipartidista radicó en el Congreso una reforma constitucional para volver obligatorios los grados 10° y 11° en Colombia y extender la escolaridad hasta los 17 años. La propuesta reabre el debate sobre cobertura, costos y capacidad real del sistema para sostener más años de estudio.
Una alianza de congresistas de distintos partidos radicó en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución para hacer obligatorios los grados 10° y 11° en Colombia, con lo cual la escolaridad pasaría de la educación básica actual a un recorrido completo hasta los 17 años. La propuesta, revelada por El Tiempo - Política, pretende convertir en mandato constitucional una etapa educativa que hoy, en la práctica, sigue funcionando como un filtro social: muchos jóvenes terminan abandonando el sistema antes de llegar a la media superior por razones económicas, de acceso o de oferta institucional.
La iniciativa no es menor. Si prospera, el país tendría que asumir un cambio estructural en su modelo educativo, porque no bastaría con declarar obligatorios dos grados más: sería necesario garantizar cupos, infraestructura, docentes, transporte, alimentación escolar y condiciones mínimas de permanencia para millones de estudiantes, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas donde la deserción pega más duro. De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, el proyecto fue presentado por una bancada de varios partidos, lo que le da una base política más amplia que otros intentos similares, pero no le asegura un trámite sencillo en un Congreso donde las reformas constitucionales suelen chocar con cálculos fiscales y prioridades enfrentadas.
El debate de fondo es claro: Colombia tiene una deuda histórica con la continuidad educativa. En teoría, ampliar la obligatoriedad hasta los 17 años suena a una apuesta por más oportunidades, mejor empleabilidad y una transición más ordenada hacia la educación superior, la formación técnica o el trabajo formal. En la práctica, sin embargo, la medida obliga a preguntarse si el Estado está listo para sostener a los estudiantes durante dos años adicionales sin convertir la norma en una promesa vacía. Si no hay recursos ni oferta suficiente, la reforma podría terminar siendo otra declaración de buenas intenciones que agranda la brecha entre lo que dice la ley y lo que vive una familia en un municipio apartando de los centros urbanos.
Por eso el proyecto importa más allá del debate técnico. Lo que está en juego no es solo una modificación a la Constitución, sino la idea de si Colombia quiere exigir más años de estudio y, al mismo tiempo, comprometerse a que esos años realmente existan para todos. En un país donde miles de adolescentes dejan el colegio para trabajar, cuidar hermanos o simplemente porque no hay un plantel cercano, la discusión toca una fibra social y económica de primer orden: quién puede quedarse estudiando y quién sigue quedándose por fuera del sistema.
