Petro defiende su balance en seguridad, pero las cifras cuentan otra historia
Imagen: El Tiempo - Política
En la instalación del Congreso, Gustavo Petro defendió su gestión en seguridad y aseguró que hay avances frente al hurto, los homicidios y los cultivos ilícitos. Pero las cifras, vistas en conjunto, muestran un país con mejoras desiguales y focos de deterioro que siguen golpeando la vida cotidiana.
La instalación del Congreso dejó a Gustavo Petro en el centro de una discusión que su gobierno no ha logrado cerrar: la seguridad. El presidente defendió los resultados de su administración y buscó instalar la idea de que no existe una crisis, apoyándose en la evolución del hurto, los homicidios y los cultivos ilícitos. Sin embargo, cuando se revisan las cifras con más cuidado, el balance es mucho menos favorable de lo que sugirió el mandatario y revela una fotografía fragmentada del país: algunos indicadores mejoran, pero otros siguen mostrando presión criminal sobre regiones enteras.
Según el análisis recogido por El Tiempo - Política, Petro presentó su gestión como una que ha contenido varios frentes de violencia y delito, pero los números no permiten una lectura tan lineal. En seguridad, el país no avanza al mismo ritmo en todos los delitos ni en todos los territorios. El hurto, por ejemplo, puede mostrar comportamientos distintos según la modalidad y la ciudad; los homicidios no caen de manera homogénea y siguen concentrándose en zonas con disputas armadas, economías ilegales y presencia débil del Estado; y los cultivos ilícitos continúan siendo una preocupación estructural, con peso directo sobre la violencia rural, el narcotráfico y la capacidad real del gobierno para transformar territorios. En otras palabras: el mensaje político del presidente intenta mostrar control, pero la estadística obliga a matizarlo.
Esto importa porque la seguridad es uno de los termómetros más sensibles del gobierno Petro y, al mismo tiempo, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en Colombia. No se trata solo de comparar si un delito sube o baja en términos absolutos, sino de entender qué está pasando en las calles, en las carreteras y en los municipios donde el Estado llega tarde o no llega. Cuando un gobierno habla de avances en seguridad, el ciudadano espera resultados visibles: menos extorsión, menos homicidios, menos control territorial de grupos ilegales y menos economías criminales. Si las cifras muestran mejoras parciales pero persisten los problemas de fondo, el discurso oficial pierde fuerza y crece la percepción de desconexión entre la narrativa del poder y la experiencia cotidiana de la gente.
El debate, entonces, no es si hay o no datos para respaldar una parte del balance oficial, sino si esos datos alcanzan para afirmar que la crisis no existe. La respuesta, por ahora, es más compleja: Colombia puede mostrar progresos puntuales, pero sigue arrastrando amenazas que no se resuelven con balances triunfalistas. Y mientras esas brechas sigan abiertas, la discusión sobre seguridad seguirá siendo uno de los puntos más frágiles del gobierno en el Congreso, en las regiones y en la conversación pública.
