Air-e: crece la disputa tras el anuncio de liquidación y acusan al Gobierno de hundirla
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La posible liquidación de Air-e abrió una nueva pelea entre el Gobierno y los sectores que vigilan la empresa intervenida. Gremios y el bloque corporativo del Caribe aseguran que la crisis fue provocada por decisiones oficiales que dejaron a la compañía sin soporte financiero ni operativo.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e encendió una alarma mayor en la Costa Caribe: la veeduría que acompaña la intervención de la empresa calificó la decisión como irresponsable, imprudente y sin respaldo jurídico suficiente, según informó El Tiempo (Colombia). El choque no es menor, porque Air-e no es solo una compañía en dificultades; es una pieza clave del servicio eléctrico en una región que ya arrastra años de quejas por tarifas altas, baja calidad y una red frágil. En ese escenario, hablar de liquidación no suena a una simple salida administrativa, sino a una decisión que podría reconfigurar el mapa energético de varios departamentos y dejar más preguntas que respuestas para los usuarios.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), los gremios y el bloque corporativo del Caribe responsabilizan directamente al Gobierno por la crisis financiera, operativa y administrativa que terminó hundiendo a la empresa. Esa lectura pone el foco en un punto incómodo para la Casa de Nariño: la intervención estatal, que en teoría debía estabilizar a Air-e, no habría logrado corregir los problemas estructurales y, por el contrario, habría profundizado la incertidumbre. En términos concretos, el debate ya no gira solo alrededor de la mala gestión heredada, sino sobre si la estrategia oficial terminó debilitando aún más una compañía que operaba con señales de agotamiento desde antes de la intervención.
El trasfondo importa porque Air-e presta un servicio esencial en departamentos donde el sistema eléctrico es especialmente sensible a cualquier sacudida institucional. Si una empresa de este tamaño entra en liquidación, la discusión no se limita a balances y estados financieros: también toca la continuidad del servicio, la confianza de los usuarios y el futuro de miles de hogares y negocios que dependen de una operación estable. Además, la controversia deja al descubierto un problema más amplio del Caribe colombiano: durante años se han acumulado promesas de solución, pero la región sigue atrapada entre tarifas que generan rechazo, infraestructura insuficiente y decisiones estatales que suelen llegar tarde o mal diseñadas. Por eso esta discusión no es técnica; es profundamente política y social.
En el corto plazo, lo que ocurra con Air-e será una prueba de fuego para el Gobierno Petro y para la institucionalidad encargada de vigilar el sector. Si el anuncio de liquidación avanza sin un plan de transición convincente, el costo político y social podría recaer sobre los mismos usuarios que ya vienen pagando los platos rotos de una crisis prolongada. Y si la decisión se frena, el Ejecutivo tendrá que explicar cómo piensa rescatar una empresa que, según sus críticos, fue empujada al borde del abismo por la propia intervención estatal. En cualquiera de los dos escenarios, la Costa Caribe vuelve a quedar en el centro de una discusión donde la energía no solo es servicio público: también es poder, territorio y gobernabilidad.
