Colombia

Goebertus alerta que la no repetición sigue siendo la deuda del Acuerdo de Paz

Hace 6 horas

A diez años del Acuerdo de Paz, Juanita Goebertus advierte que la gran deuda sigue siendo garantizar que la violencia no se repita. La directora para las Américas de Human Rights Watch también considera indeseable recortar el tiempo de la JEP.

A una década de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, Juanita Goebertus puso el foco en la principal cuenta pendiente del Estado colombiano: impedir que la violencia vuelva a reproducirse en los territorios. La directora para las Américas de Human Rights Watch, en diálogo con El Tiempo - Política, sostuvo que el balance no puede medirse solo por los avances institucionales, sino por la capacidad real de proteger a las comunidades que siguen atrapadas entre grupos armados, economías ilegales y presencia precaria del Estado.

En esa misma línea, Goebertus advirtió que cualquier intento de recortar el tiempo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz sería una señal equivocada. Según su valoración, debilitar la JEP en este momento sería indeseable porque todavía hay una necesidad concreta de verdad, responsabilidad judicial y reparación para miles de víctimas. El debate no es menor: la justicia transicional nació precisamente para sostener el andamiaje del acuerdo y evitar que la impunidad termine alimentando nuevos ciclos de violencia.

El señalamiento llega en un momento en que el país vuelve a discutir qué tanto se cumplió del pacto firmado en 2016 y cuáles de sus promesas siguen en el papel. La implementación ha avanzado de forma desigual: mientras algunas instituciones han consolidado su trabajo, en amplias zonas rurales persisten disputas armadas, amenazas contra líderes sociales y una débil presencia estatal. Por eso, la advertencia de Goebertus importa más allá del debate jurídico; en el fondo habla de la seguridad cotidiana de campesinos, firmantes de paz y comunidades que aún viven bajo presión armada.

El décimo aniversario del Acuerdo no solo revive la discusión sobre lo que se logró, sino sobre lo que está en riesgo de perderse. Si el Estado afloja en justicia, protección y presencia territorial, la promesa de no repetición —el corazón político y moral del acuerdo— seguirá sin cumplirse. Y ese fracaso no se mide en discursos: se mide en el regreso de la violencia a la vida diaria de los colombianos.

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