Mancuso desata choque político al denunciar presiones contra opositores

La declaración de Salvatore Mancuso volvió a incendiar el clima político en Colombia: el exjefe paramilitar afirmó que altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían buscado a exintegrantes de las AUC para que declararan contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. La versión, que ya genera ruido en los círculos políticos y judiciales, pone bajo la lupa el manejo de testimonios provenientes del conflicto armado y el eventual uso de esas voces en peleas de alto voltaje contra adversarios del Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, Mancuso señaló que el supuesto acercamiento habría tenido como objetivo orientar o empujar declaraciones contra figuras centrales de la oposición y del establecimiento político. En ese contexto, De la Espriella reaccionó con dureza y advirtió que la justicia terminará dando a Benedetti lo que merece, en una referencia directa al ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los nombres que aparecen en medio de esta controversia. La denuncia no solo salpica al gobierno, sino que también reaviva una vieja tensión: la de los testimonios de exparamilitares, que en Colombia suelen ser piezas clave en procesos judiciales, pero también instrumentos susceptibles de presión, negociación o manipulación.

El episodio importa porque toca tres nervios sensibles al mismo tiempo: la legitimidad de las investigaciones, la credibilidad del Gobierno y el lugar que ocupan los excombatientes en la verdad judicial del país. En Colombia, cualquier señal de presión sobre testigos o intentos de direccionar versiones en casos de alto perfil tiene efectos inmediatos sobre la confianza pública, sobre todo cuando involucra a figuras como Uribe o Vargas Lleras, con peso propio en la oposición, y a un personaje mediático como De la Espriella, que suele convertir estos choques en una ofensiva política y jurídica. Si las acusaciones avanzan, el caso podría derivar en nuevas confrontaciones entre Palacio, la Fiscalía y sectores de la oposición.

Más allá de la pelea del día, lo que está en juego es la percepción de que el Gobierno puede estar usando una de las aristas más delicadas del posconflicto como arma política. En un país donde la verdad judicial aún está fragmentada y la desconfianza institucional sigue alta, cualquier indicio de instrumentalización de exparamilitares no solo compromete al círculo más cercano del poder: también erosiona la ya frágil frontera entre justicia, memoria y cálculo electoral.