Posada presiona a la JEP por contrato de arriendo y lanza sospechas de evasión fiscal
Imagen: El Tiempo - Política
La senadora Paloma Valencia Posada volvió a poner bajo la lupa el contrato de arriendo de la JEP y advirtió que la discusión no es un ataque al tribunal de paz, sino una exigencia de transparencia. El señalamiento reabre el debate sobre el manejo de recursos públicos en una de las instituciones más sensibles del posconflicto.
La polémica por el contrato de arriendo de la Jurisdicción Especial para la Paz volvió a subir de tono después de que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia Posada, planteara que el asunto merece una revisión de fondo y no una respuesta política defensiva. Su tesis es clara: aquí no se trata, según ella, de una embestida contra el tribunal de paz, sino de una exigencia elemental de cuentas sobre el uso de recursos públicos y sobre las condiciones en que se firmó ese negocio.
En su intervención, la congresista fue más allá de la crítica general y puso sobre la mesa una sospecha que eleva la presión sobre la JEP y sobre quienes participaron en la estructuración del contrato. Dijo que la pregunta central es si detrás del arriendo podría estar configurándose un entramado para evasión fiscal, una afirmación que, sin constituir por sí sola una prueba de ilegalidad, sí obliga a que las autoridades aclaren con precisión quién negoció, bajo qué esquema y con qué beneficios tributarios o contractuales. En política, ese tipo de advertencia no se queda en el terreno retórico: instala la idea de que el caso debe ser auditado con rigor y no despachado como una disputa partidista.
El fondo del asunto importa por una razón evidente: la JEP no es cualquier entidad. Nació como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y su legitimidad depende no solo de sus decisiones judiciales, sino también de que su gestión administrativa resista cualquier examen. Cuando una congresista de oposición cuestiona un contrato de este tipo, el efecto va más allá del expediente puntual: alimenta el debate sobre la vigilancia a las instituciones creadas tras el acuerdo de paz, en un país donde la desconfianza hacia el Estado suele crecer cada vez que aparecen dudas sobre contratación, arrendamientos o intermediarios. En ese contexto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política, porque conecta con una pregunta más amplia: si los organismos nacidos para cerrar heridas históricas también están siendo administrados con los mismos vicios que han golpeado durante décadas a la burocracia colombiana.
Lo que está en juego, entonces, no es solo la suerte de un contrato, sino el estándar de transparencia que se le exige a una jurisdicción que opera bajo la mirada de víctimas, excombatientes, magistrados, Congreso y opinión pública. Si la JEP o sus contratistas no logran despejar las dudas con documentos, explicaciones y trazabilidad financiera, el costo no será únicamente reputacional. También puede convertirse en un nuevo frente de desgaste para una institución que depende, más que muchas otras, de conservar intacta su credibilidad frente a un país que ya mira con escepticismo cada señal de opacidad en el manejo de lo público.
