De La Espriella descarta canje con el Eln por secuestrados de la Dijín
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente de la República, De La Espriella, cerró la puerta a un canje con el Eln por los tres integrantes de la Dijín secuestrados hace un mes. La guerrilla también retiene a una civil, a quien acusa de hacer inteligencia, en un caso que vuelve a tensar la crisis de orden público.
La decisión del presidente De La Espriella de rechazar cualquier canje con el Eln marca un punto de inflexión en el manejo de los secuestros recientes y endurece el pulso con una guerrilla que sigue usando a los retenidos como ficha de presión política. El pronunciamiento presidencial deja claro que el Gobierno no está dispuesto a negociar bajo la lógica del intercambio, aun cuando en poder de ese grupo permanecen tres miembros de la Dijín secuestrados desde hace un mes y una mujer civil que la organización acusa, sin pruebas públicas, de realizar labores de inteligencia.
Según informó El Tiempo - Política, la propuesta de intercambio del Eln buscaba relacionar la liberación de los uniformados con otras condiciones aún no detalladas oficialmente, una fórmula que históricamente ha generado rechazo en distintos gobiernos porque puede terminar legitimando el secuestro como mecanismo de negociación. En este caso, el mensaje del mandatario apunta a mantener la línea de que la presión armada no puede convertirse en moneda de cambio. El dato más grave sigue siendo la duración del cautiverio: un mes completo sin que se conozca una salida concreta para los tres agentes y la civil, lo que incrementa la angustia de sus familias y eleva la presión sobre las instituciones encargadas de la búsqueda.
El trasfondo de este episodio va mucho más allá de cuatro personas retenidas. En Colombia, el secuestro por parte de grupos armados sigue siendo una herida abierta que golpea la confianza ciudadana, deteriora la seguridad territorial y demuestra que las estructuras ilegales conservan capacidad para desafiar al Estado incluso en medio de anuncios de diálogo o acercamientos políticos. Que el Eln mantenga a una civil bajo la acusación de inteligencia también revela un patrón preocupante: la guerrilla se arroga funciones de juez y verdugo en zonas donde quiere imponer control social y militar. Para el Gobierno, aceptar un canje podría tener un costo político alto; para la oposición y las víctimas, cualquier concesión sería una señal de debilidad. Pero para la gente en las regiones, el efecto es más concreto: más miedo, más incertidumbre y la confirmación de que el Estado todavía no logra garantizar el derecho básico a circular y vivir sin ser secuestrado.
Lo que ocurra en las próximas horas será clave para medir si este rechazo presidencial endurece las posibilidades de una liberación humanitaria o, por el contrario, empuja al Eln a cerrar aún más la puerta a una salida rápida. En cualquier escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Colombia: hasta qué punto la negociación con grupos armados puede avanzar sin que las víctimas terminen convertidas en instrumentos de presión.
