Carreño defiende reforma antimermelada y promete plataforma de control
Imagen: El Tiempo - Política
La reforma constitucional que presentó el representante Milton Carreño junto al Gobierno para frenar la "mermelada" abrió un nuevo pulso político en el Congreso. El proyecto exigirá ocho debates y, si avanza, dará un año para crear una plataforma pública de seguimiento.
El representante Milton Carreño salió a defender el proyecto de reforma constitucional que radicó con el Gobierno y que busca ponerle límites a la conocida práctica de la “mermelada” en la política colombiana. La iniciativa, que ya empezó a generar críticas en distintos sectores, tendrá un recorrido largo y exigente: deberá superar ocho debates en el Congreso antes de convertirse en una realidad. Además, el texto plantea un plazo de doce meses para crear una plataforma pública de seguimiento que permita vigilar su aplicación.
Carreño respondió a quienes cuestionan la viabilidad y la intención del proyecto y sostuvo que el debate no puede arrancar desde la desconfianza absoluta hacia la clase política o el Ejecutivo. En el centro de la discusión está la promesa de crear mecanismos de control más visibles y accesibles para la ciudadanía, en un país donde la distribución de recursos y favores políticos ha sido históricamente uno de los terrenos más sensibles de la relación entre Gobierno, Congreso y regiones.
La propuesta toca una fibra especialmente delicada en Colombia: la discusión sobre cómo se asignan los recursos públicos y hasta qué punto esa distribución termina convertida en una moneda de cambio para sostener mayorías legislativas o alianzas territoriales. Por eso el proyecto no solo enfrenta obstáculos jurídicos y políticos, sino también una prueba de credibilidad. Si logra avanzar, la plataforma de seguimiento será clave para medir si el discurso anticorrupción se traduce en transparencia verificable o se queda en una promesa más en el papel. En un Congreso fragmentado y desconfiado, el trámite de esta reforma será también un termómetro de la capacidad del Gobierno para convertir una bandera política en una regla concreta de control institucional.
