De La Espriella advierte que sin jueces independientes desaparece el Estado de Derecho

Durante la apertura de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, el presidente De La Espriella centró su intervención en un punto que, en el fondo, toca la base misma de cualquier democracia: la independencia judicial. El mandatario sostuvo que sin jueces autónomos el Estado de Derecho deja de existir y aprovechó el escenario para insistir en la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de justicia.

Según informó El Tiempo - Política, el jefe de Estado habló ante asistentes del evento con un discurso que combinó advertencias institucionales y llamados a modernizar la administración judicial. Su mensaje no se limitó a la retórica: puso sobre la mesa una discusión que en Colombia lleva años abierta, la de un aparato judicial lento, saturado y muchas veces cuestionado por la ciudadanía por sus tiempos de respuesta. En ese contexto, el énfasis en la independencia de los jueces no es menor, porque la eficiencia sin garantías puede convertirse en simple trámite, mientras que la independencia sin capacidad operativa termina vacía.

La intervención del presidente llega en un momento en que la justicia sigue siendo una de las instituciones más observadas por la opinión pública. En Colombia, los retrasos judiciales, la congestión de despachos y la percepción de impunidad han alimentado durante años la desconfianza ciudadana. Por eso, cuando un mandatario habla de eficiencia, también está tocando una expectativa social concreta: que las decisiones lleguen a tiempo y que el acceso a la justicia no dependa del poder, el dinero o la capacidad de insistir. El reto, sin embargo, es mayor de lo que parece. Requiere recursos, reformas administrativas, tecnología y, sobre todo, respeto por los contrapesos que evitan que la justicia sea capturada por intereses políticos.

La Gran Cumbre Internacional de la Justicia sirvió así como una plataforma para reabrir una discusión de fondo: no basta con prometer reformas si no se protege la autonomía de quienes administran justicia. En un país donde la legitimidad institucional se erosiona con facilidad, la advertencia del presidente apunta a una verdad incómoda pero necesaria: si los jueces no pueden decidir sin presiones, la promesa de legalidad se debilita para todos, empezando por los ciudadanos comunes que dependen del sistema para resolver sus conflictos.