Se cae otra mesa de paz y crece la incertidumbre sobre el diálogo con el Clan del Golfo

La política de “paz total” de Gustavo Petro recibió otro golpe: se cerraron oficialmente los procesos de diálogo con los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN y estructuras criminales con presencia en Medellín, mientras sigue en el aire el futuro de la mesa con el Clan del Golfo. La decisión no solo reduce el margen de maniobra del Gobierno, sino que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué pasa cuando el Estado negocia con actores armados que mantienen la violencia activa en los territorios.

Según la información conocida hasta ahora, el escenario más delicado es Antioquia, donde el Clan del Golfo sigue disputándose corredores estratégicos y zonas de influencia con una disidencia de las Farc encabezada por alias Calarcá. Esa pugna territorial, que combina rentas ilegales, control social y capacidad de intimidación armada, explica por qué la mesa con el llamado Ejército Gaitanista de Colombia permanece en una zona gris. No hay señales claras de avance, y tampoco certeza sobre si el Ejecutivo mantendrá el canal abierto o terminará archivándolo como ocurrió con otros procesos que nacieron con expectativas altas y terminaron desfondados.

El problema de fondo es político y territorial al mismo tiempo. Petro apostó su capital institucional a demostrar que podía negociar con múltiples grupos al mismo tiempo, pero la realidad del conflicto colombiano ha mostrado que no basta con sentarse a conversar: hace falta que esos grupos estén dispuestos a cesar la violencia, a abandonar economías ilegales y a aceptar reglas verificables. Cuando eso no ocurre, los diálogos se convierten en una especie de tregua de hecho, frágil y reversible, que suele beneficiar más a los armados que a las comunidades atrapadas entre extorsiones, confinamientos, homicidios selectivos y desplazamientos. En departamentos como Antioquia, donde la disputa por el control territorial no es una abstracción sino una amenaza cotidiana, cada ruptura en la mesa se siente en las calles, en las veredas y en las rutas rurales.

Lo que viene ahora será decisivo para medir si la estrategia de paz total todavía tiene combustible político y capacidad operativa, o si el Gobierno comienza a admitir, aunque sea de manera implícita, que algunos de esos procesos nunca tuvieron bases suficientes para sobrevivir. Para las comunidades, el costo de esa incertidumbre es inmediato: más violencia, más temor y menos claridad sobre quién manda realmente en los territorios donde el Estado sigue llegando tarde.