Presidencia recorta $267.000 millones y golpea a la ART y la UNGRD
Imagen: El Tiempo - Política
La Presidencia anunció un recorte presupuestal de $267.000 millones que golpea a entidades sensibles como la ART y la UNGRD, además de la terminación de 32 contratos de servicios. El ajuste llega con el argumento de que la austeridad debe empezar por el Gobierno.
La Presidencia ordenó un tijeretazo de $267.000 millones que impacta directamente a entidades clave del Ejecutivo, entre ellas la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ajuste, según informó El Tiempo - Política, también incluye la terminación de 32 contratos de prestación de servicios por $2.200 millones, en una señal de recorte que busca enviar un mensaje político y fiscal al mismo tiempo.
De acuerdo con la información divulgada, la medida hace parte de una política de austeridad que apunta a reducir el tamaño del gasto en el corazón del Gobierno. La decisión no solo toca rubros administrativos, sino también entidades que cumplen funciones sensibles en regiones afectadas por conflicto, rezago institucional y emergencias. En la práctica, esto significa que la presión por ahorrar recursos no cae sobre un solo programa, sino sobre varias áreas que ya operan con limitaciones estructurales.
El recorte tiene lectura política y administrativa. En un país con necesidades sociales acumuladas, cualquier reducción en el aparato estatal despierta preguntas sobre prioridades: cuánto se ahorra realmente, qué funciones se afectan y si el ajuste termina trasladando costos a las regiones. La ART cumple un papel estratégico en zonas golpeadas por la violencia y la falta de infraestructura, mientras la UNGRD es central en la respuesta a desastres. Por eso, un recorte sobre estas entidades no es un trámite contable menor, sino una decisión con posibles efectos sobre la capacidad del Estado para llegar a territorios que dependen de su presencia.
El discurso de austeridad suele ganar apoyo en momentos de presión fiscal, pero su valor real depende de dónde se aplican los tijeretazos. Si el Gobierno quiere que la medida sea creíble, tendrá que explicar con claridad qué funciones no se verán comprometidas y cómo evitar que el ahorro termine debilitando áreas que ya soportan el peso de la desigualdad territorial. En un país donde la eficiencia pública se promete con frecuencia y se cumple menos, el verdadero examen no está en anunciar recortes, sino en demostrar que el Estado puede gastar menos sin dejar de funcionar.
