De la Espriella lanza ultimátum a grupos armados que no se sometan
Imagen: infobae colombia
Abelardo de la Espriella advirtió que los grupos armados que no se sometan a la justicia enfrentarán la ofensiva de la Fuerza Pública. El mensaje marca un endurecimiento frente a delitos como secuestro, extorsión, minería ilegal y reclutamiento de menores.
Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a las organizaciones armadas que operan fuera de la ley: o abandonan las armas y se someten a la justicia, o enfrentarán operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía. El mensaje, difundido en medio de la persistencia de economías ilegales y hechos de violencia en distintas regiones del país, apunta directamente a grupos que siguen financiándose con secuestro, extorsión, minería ilegal y reclutamiento de menores.
De acuerdo con la información divulgada por Infobae Colombia, el mandatario dejó claro que existe una salida institucional para quienes decidan dejar la confrontación armada, pero advirtió que no habrá margen para quienes insistan en sostener estructuras criminales activas. En la práctica, el mensaje busca trazar una línea entre los actores que eventualmente acepten someterse a la justicia y aquellos que continúen desafiando al Estado con delitos de alto impacto social y económico.
La advertencia no es menor en un país donde los anuncios de paz o sometimiento han convivido durante años con la expansión de grupos que se reinventan, cambian de nombre o se fragmentan sin perder capacidad de control territorial. Lo que está en juego no es solo una estrategia de seguridad, sino la vida cotidiana de comunidades que siguen pagando el costo de la violencia: campesinos desplazados por la minería ilegal, comerciantes extorsionados, familias afectadas por el secuestro y menores arrancados de sus entornos por el reclutamiento forzado. Por eso el mensaje tiene una lectura política y operativa: el Estado quiere mostrar que ofrece una puerta de salida, pero también que prepara la respuesta armada si esa puerta es rechazada.
En ese equilibrio se juega buena parte de la credibilidad de la política de seguridad en Colombia. Si el anuncio se traduce en presencia sostenida de la Fuerza Pública y golpes concretos contra las estructuras que siguen delinquiendo, podría reforzar la autoridad del Estado en zonas críticas. Si, por el contrario, queda en una declaración más dentro del largo historial de amenazas sin resultados duraderos, el ultimátum terminará siendo apenas otra frase en un país acostumbrado a que la violencia siempre intenta ganar tiempo.
