Presidente electo pone bajo vigilancia de la Procuraduría los contratos de la UNP
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente electo pidió activar la vigilancia preventiva de la Procuraduría sobre los procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección. La decisión pone bajo escrutinio una de las entidades más sensibles del Estado por su manejo de esquemas de seguridad.
El presidente electo pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, que solicite a la Procuraduría una vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una de las entidades más expuestas a riesgos de discrecionalidad por el tipo de recursos que administra y por la urgencia con la que contrata servicios de seguridad. La movida, según informó El Tiempo - Política, apunta a poner un filtro institucional antes de que se consoliden decisiones que pueden comprometer tanto la transparencia como la protección de personas en riesgo.
La solicitud no es menor. La UNP maneja contratos asociados a esquemas de protección para líderes sociales, periodistas, funcionarios, excombatientes y ciudadanos amenazados, lo que convierte cada proceso contractual en un asunto de alto impacto público. De acuerdo con la información conocida, el mandato al ministro designado busca que el ente de control haga seguimiento preventivo a esos trámites, una señal de que el nuevo gobierno quiere evitar cuestionamientos desde el arranque y enviar un mensaje de control sobre una entidad históricamente observada por sobrecostos, demoras y polémicas en su operación.
En términos políticos, la decisión revela dos cosas: primero, que el equipo entrante entiende que la UNP no es solo una oficina de contratación, sino un punto sensible donde convergen seguridad, presupuesto y confianza ciudadana; segundo, que el presidente electo busca blindarse frente a eventuales sospechas sobre el manejo de recursos en una institución clave para la estabilidad democrática. En Colombia, donde la protección de líderes sociales y opositores sigue siendo una deuda estructural, cualquier señal de debilidad en la UNP termina teniendo efectos reales sobre la vida de quienes dependen de esos esquemas para sobrevivir.
Más allá del gesto institucional, el anuncio también abre una discusión de fondo: si la vigilancia preventiva logra corregir fallas de contratación o si termina siendo solo una respuesta política frente a un sector del Estado que ha operado durante años bajo presión y urgencia. Lo cierto es que, en una entidad como la UNP, la transparencia no es un formalismo administrativo; es una condición básica para que la protección funcione y para que el país no siga mezclando seguridad personal con opacidad contractual.
