Petro pide a nuevo contralor una unidad élite para vigilar su propio gobierno
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente Gustavo Petro pidió al nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, que active un grupo élite para revisar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. La instrucción llega en medio de una creciente presión política por el control fiscal de su gobierno.
El presidente Gustavo Petro elevó el tono frente al control sobre su administración y le pidió al nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, la creación de un grupo élite dedicado a investigar el manejo de recursos públicos durante su gobierno. El mensaje, según informó El Tiempo - Política, busca marcar una línea de cero tolerancia frente a posibles irregularidades y enviar una señal de disciplina institucional en un momento en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos sobre contratación, ejecución presupuestal y vigilancia del gasto.
La petición no es menor. En la práctica, implica blindar políticamente a la Contraloría para que actúe con mayor rapidez y foco sobre los movimientos financieros del Estado, especialmente en sectores donde suelen concentrarse los mayores riesgos de corrupción: infraestructura, salud, programas sociales y contratación territorial. Petro, de acuerdo con la información conocida, fue claro en que no aceptará desviaciones dentro de su administración y que removerá a quienes resulten comprometidos, una frase que revela tanto una advertencia interna como una estrategia para anticiparse al desgaste político que produce cualquier sospecha de mal uso de recursos.
El contexto importa porque la Contraloría no solo revisa cifras; también define el clima de legitimidad de un gobierno. Cuando un presidente impulsa una unidad especializada para auditar su propio manejo fiscal, intenta proyectar control, pero al mismo tiempo reconoce que existen focos de riesgo que requieren atención inmediata. En Colombia, donde la desconfianza ciudadana frente al gasto público ha sido una constante histórica, este tipo de anuncios tiene una doble lectura: por un lado, puede fortalecer la percepción de vigilancia; por otro, abre la puerta a que salgan a flote hallazgos incómodos sobre la operación real del aparato estatal. Para la gente común, esto no es un asunto abstracto. Cada peso perdido en sobrecostos, desvíos o contratos opacos termina afectando obras inconclusas, servicios deficientes y programas que no llegan a tiempo a quienes los necesitan.
La jugada también debe leerse en clave política. Petro sabe que su gobierno será evaluado no solo por sus reformas, sino por la limpieza con la que administre el presupuesto. En un país donde la corrupción suele sobrevivir a los discursos anticorrupción, poner a un contralor recién llegado bajo presión pública para activar una unidad de choque es una apuesta arriesgada: puede servir para detectar fallas reales, pero también para abrir un nuevo frente de controversia si los hallazgos terminan golpeando a funcionarios cercanos al propio Ejecutivo. En otras palabras, el control fiscal que hoy se presenta como una herramienta de depuración podría convertirse en un test decisivo sobre la capacidad del gobierno para sostener su promesa de transparencia sin proteger a nadie dentro de su círculo de poder.
