Gobierno endurece ofensiva militar contra la economía del narcotráfico
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno ratificó que mantendrá y ampliará la presión militar sobre la infraestructura económica que sostiene el narcotráfico y el narcoterrorismo. La línea llega mientras se divulga un balance de un mes de gestión con 15.401 capturas y 71,8 toneladas de estupefacientes incautados.
El Gobierno colombino dejó claro este lunes que no piensa aflojar el pulso militar contra la infraestructura económica que, según su diagnóstico, sostiene al narcoterrorismo. La señal política es contundente: la estrategia no se limitará a golpear laboratorios o capturas aisladas, sino que buscará cerrarles el paso a las redes que financian, transportan y protegen la economía criminal. En otras palabras, el Estado quiere pelearle al negocio en su columna vertebral, no solo en sus eslabones más visibles.
El mensaje llega en medio de la presentación de un balance del primer mes de gobierno, en el que se reportaron 15.401 capturas y la incautación de 71,8 toneladas de estupefacientes, según la información divulgada por la propia administración y citada por El Tiempo - Política. Las cifras, por sí solas, sirven como termómetro de una ofensiva que busca mostrar resultados rápidos en seguridad, pero también plantean preguntas inevitables sobre la sostenibilidad de esa presión y sobre el verdadero alcance de los golpes al crimen organizado. Capturar más y decomisar más puede alterar temporalmente las rutas y los flujos del negocio ilegal; desmantelarlo de fondo requiere algo más que operativos espectaculares.
La insistencia oficial en atacar la “infraestructura económica” del narcotráfico revela una lectura más amplia del problema: no basta con perseguir a los hombres armados, porque detrás de cada cargamento hay redes de lavado de activos, control territorial, corrupción local y cadenas logísticas que permiten mover dinero y mercancía ilícita. Esa es, precisamente, la razón por la que el anuncio importa para Colombia y también para Estados Unidos, donde buena parte de la presión antidrogas se ha concentrado históricamente en el flujo de cocaína y en sus efectos sobre la seguridad, la salud pública y la violencia transnacional. Si el Gobierno logra afectar de verdad las finanzas del crimen, podría debilitar su capacidad de recomposición; si no, el impacto de las capturas masivas podría ser apenas coyuntural.
Por ahora, el balance oficial busca enviar un doble mensaje: adentro, que el Ejecutivo quiere mostrarse firme frente a un país que vive con el peso del narcotráfico en sus regiones más golpeadas; afuera, que Colombia mantiene su rol como actor central en la política antinarcóticos del hemisferio. La pregunta de fondo es si esta ofensiva se traducirá en menos poder para las organizaciones criminales o si, como tantas veces antes, terminará midiendo éxito en estadísticas mientras el negocio se adapta y se mueve un paso más adelante.
