Abogado de Mancuso dice que Gobierno Petro pidió declarar contra opositores
Imagen: El Tiempo - Política
El abogado de Salvatore Mancuso aseguró que hubo reuniones con funcionarios del Gobierno Petro en las que se habría pedido a exparamilitares declarar contra figuras políticas como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Mancuso y su defensa hablan de un supuesto "Pacto de Valledupar" que abre un nuevo frente de choque político.
La polémica alrededor del llamado “Pacto de Valledupar” sumó este viernes un nuevo capítulo después de que el abogado de Salvatore Mancuso, Juan Carlos Villamizar, asegurara que sí existieron reuniones con integrantes del Gobierno de Gustavo Petro y que en esos encuentros se habría planteado a exparamilitares la posibilidad de declarar contra figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. La revelación eleva la tensión en un debate ya cargado de sospechas sobre eventuales presiones políticas en medio de las comparecencias de exjefes de las AUC.
Villamizar confirmó, según informó El Tiempo - Política, que hubo acercamientos con Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, ambos mencionados en medio de la controversia. El abogado sostiene que esas conversaciones hacen parte del contexto del supuesto pacto y que no se trató de contactos aislados, sino de reuniones que deben ser explicadas con detalle. En paralelo, Mancuso también se pronunció sobre el asunto, en una señal de que el excabecilla paramilitar no piensa dejar que la discusión se diluya y que buscará fijar su propia versión de los hechos.
El episodio importa porque toca una línea roja en un país donde la relación entre poder político, justicia transicional y testigos de la guerra sigue siendo profundamente sensible. Si la versión de la defensa de Mancuso encuentra sustento, el Gobierno Petro tendría que responder por posibles intentos de orientar testimonios con fines políticos; si no, quedará la sospecha de que se está usando la figura de los exparamilitares para desgastar a adversarios del Ejecutivo. En cualquiera de los dos escenarios, el impacto trasciende la pelea de nombres: pone bajo escrutinio la credibilidad de las narrativas sobre verdad, reparación y justicia que el Estado dice impulsar.
Por ahora, lo que hay es una acusación de alto voltaje político y una confirmación de reuniones que el Gobierno deberá aclarar con precisión. En un ambiente tan polarizado, cada detalle puede convertirse en munición electoral, pero también en un test decisivo sobre los límites entre búsqueda de verdad y maniobra política.
