Mi Casa Ya podría volverse más barato para el Estado tras propuesta de Camacol
Imagen: infobae colombia
El programa Mi Casa Ya podría volverse menos costoso para el Estado y más eficiente en su entrega, si el Gobierno escucha la propuesta de Camacol para cambiar las reglas de acceso y focalizar mejor los subsidios. La discusión llega en medio de la peor contracción de la vivienda en 15 años.
El programa Mi Casa Ya, una de las principales herramientas del Estado colombiano para empujar la compra de vivienda nueva, entró en una zona de revisión que puede redefinir quién recibe el subsidio y bajo qué condiciones. Camacol propuso ajustes de fondo al esquema, con la idea de ordenar el acceso, focalizar mejor los apoyos y, al mismo tiempo, aliviar la presión fiscal que hoy enfrenta el Gobierno si decide sostener el modelo actual. La jugada no es menor: ocurre cuando el sector vivienda atraviesa su caída más profunda en 15 años y cuando cada giro en la política pública puede acelerar o frenar la reactivación.
De acuerdo con lo planteado por el gremio constructor, el corazón del cambio está en nuevas reglas de entrada al programa y en mecanismos más precisos para dirigir el subsidio hacia los hogares que realmente lo necesitan. En la práctica, esto implica revisar la forma en que se asignan los apoyos para evitar dispersión de recursos y reducir el costo total de la política. La discusión no solo toca a las familias que sueñan con comprar vivienda propia, sino también a constructoras, entidades financieras y cajas de compensación, que dependen de la continuidad y estabilidad de este incentivo para sostener ventas, iniciar proyectos y mover empleo en un sector altamente intensivo en mano de obra.
El debate llega en un momento delicado para la economía colombiana. La vivienda ha sido históricamente uno de los motores de la actividad productiva y uno de los canales más visibles para medir la confianza de los hogares. Cuando se enfría, no solo caen las ventas de apartamentos y casas: también se resienten la industria de materiales, el transporte, los servicios asociados y el empleo formal. Por eso el planteamiento de Camacol no debe leerse como una simple petición gremial, sino como una señal de alarma sobre la sostenibilidad del modelo actual. Si el Gobierno acepta una reforma al programa, podría reducir el gasto y mejorar la focalización; si no lo hace, seguirá enfrentando una política social útil, pero cada vez más costosa de mantener en un entorno de desaceleración sectorial.
En el fondo, la discusión sobre Mi Casa Ya revela una tensión clásica de la política pública en Colombia: cómo mantener un subsidio que sí mueve la economía sin convertirlo en una carga presupuestal difícil de sostener. Para miles de hogares, el programa sigue siendo la diferencia entre seguir arrendando o estrenar vivienda. Pero para el Estado, el reto es no convertir esa promesa en una factura inmanejable. La decisión del Gobierno marcará si el esquema se ajusta para sobrevivir a la crisis del sector o si termina perdiendo capacidad de impacto justo cuando más se necesita reactivar la construcción.
