Novoa ve en el sometimiento de la Coordinadora una victoria temprana para el Gobierno
Imagen: El Tiempo - Política
La posible entrega de al menos 99 integrantes de la Coordinadora marcaría un avance político para el Gobierno, pero también una prueba sobre su capacidad para convertir voluntad en resultados reales. Armando Novoa cree que el Ejecutivo no debería desaprovechar esa puerta, aunque advierte que el proceso exige claridad jurídica y control institucional.
La eventual aceptación del sometimiento de por lo menos 99 integrantes de la Coordinadora que ya dejaron las armas podría convertirse en una victoria temprana para el Gobierno, pero también en un examen decisivo sobre su capacidad para traducir anuncios en resultados concretos. Esa es la lectura que hace Armando Novoa, exnegociador de paz, quien considera que el Ejecutivo no debería dejar pasar la oportunidad de capitalizar esa disposición y encauzarla por una vía institucional que reduzca riesgos de reincidencia, fragmentación armada y desgaste político.
Según el planteamiento de Novoa, la clave no está solo en sumar nombres a una lista de desmovilizados, sino en construir una ruta de sometimiento que tenga respaldo jurídico, verificación y condiciones claras para evitar que el proceso se convierta en una promesa más en el paisaje de la política de seguridad colombiana. En otras palabras: el Gobierno puede ganar aire si logra mostrar que hay capacidad real para atraer a quienes abandonaron las armas, pero ese capital político se puede evaporar rápido si no hay reglas definidas, incentivos creíbles y una coordinación institucional que haga sostenible la salida de estos integrantes del grupo.
El asunto importa porque Colombia lleva décadas midiendo sus avances en paz no solo por los grandes acuerdos con estructuras insurgentes, sino por la capacidad de absorber a los combatientes que quedan por fuera de esos pactos y evitar que terminen reciclándose en economías ilegales o nuevos grupos armados. En ese contexto, la posible adhesión de estos 99 integrantes no es un episodio menor: puede servir como señal de que aún existen márgenes para desactivar fragmentos armados mediante sometimiento, en vez de apostar exclusivamente por la confrontación. Pero también pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el Ejecutivo: si esta oportunidad no se aprovecha ahora, ¿cuánto costará en violencia, gobernabilidad y credibilidad dejarla pasar?
Más allá del debate político, el trasfondo es práctico y territorial. Cada miembro que logre salir de una estructura armada con garantías mínimas representa menos capacidad de reclutamiento, menos presión sobre comunidades rurales y menos poder para redes dedicadas a extorsión, control territorial y economías ilícitas. Por eso la discusión no debería reducirse a si el Gobierno obtiene o no una “victoria temprana”, sino a si es capaz de convertir ese posible sometimiento en una política seria, verificable y útil para la gente que vive donde el Estado suele llegar tarde o llegar a medias.
