FF. MM. promete actuar con la Constitución ante posibles disturbios electorales
Imagen: El Tiempo - Política
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, aseguró que la respuesta institucional ante eventuales disturbios durante las elecciones estará ceñida a la Constitución y la ley. Su mensaje buscó enviar tranquilidad en medio de un ambiente electoral que exige seguridad, control y respaldo a la participación ciudadana.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, puso sobre la mesa un mensaje que en Colombia siempre pesa cuando se acercan las elecciones: la respuesta del Estado frente a cualquier alteración del orden público no saldrá del marco constitucional. En diálogo con EL TIEMPO, el oficial afirmó que la institución ya trabaja en la preparación del proceso electoral y que, si aparecen episodios de violencia, la actuación se ajustará estrictamente a la ley. En otras palabras, las Fuerzas Militares quieren marcar distancia tanto de la improvisación como de cualquier tentación de desbordar sus funciones en un momento especialmente sensible para la democracia.
La declaración llega en un país donde cada ciclo electoral reabre la discusión sobre seguridad, control territorial y garantías para votar. Aunque el general no detalló públicamente todos los dispositivos en marcha, sí dejó ver que el componente militar hará parte de un engranaje más amplio de protección institucional para los comicios. Ese engranaje, en la práctica, suele involucrar coordinación con otras autoridades del Estado, vigilancia de zonas de riesgo y presencia disuasiva en escenarios donde históricamente han existido amenazas contra la jornada electoral. El mensaje del mando militar, más que una simple formalidad, apunta a sostener la confianza de los ciudadanos en que podrán acudir a las urnas sin presión armada ni intimidaciones.
Este tipo de pronunciamientos importa porque las elecciones en Colombia no se juegan solo en las ciudades capitales ni en el lenguaje de los partidos; también se definen en municipios apartados, corredores rurales y territorios donde la presencia del Estado sigue siendo débil o disputada. Allí, cualquier rumor de alteración puede traducirse en abstención, miedo o desconfianza frente a la autoridad. Por eso, cuando un alto mando militar habla de actuar dentro de la Constitución, no solo está enviando un mensaje jurídico: también está intentando blindar la legitimidad del proceso. En un país con memoria de violencia política, la línea entre seguridad y abuso institucional debe ser clara, y ese es precisamente el punto que el general parece querer subrayar.
El trasfondo de sus palabras es más amplio que la coyuntura electoral. Colombia sigue midiendo su salud democrática no solo por la realización de elecciones, sino por la capacidad del Estado de protegerlas sin intimidar a la población ni sustituir el mandato civil. Si las autoridades logran anticiparse a posibles disturbios y garantizar condiciones mínimas de orden, el efecto más importante no será solo logístico: será político. La ciudadanía necesita saber que votar no implica correr riesgos innecesarios, y que la fuerza pública está para resguardar el proceso, no para condicionar la voluntad popular. Ese equilibrio, tan simple en el papel como difícil en el terreno, será una de las pruebas de fondo de la próxima cita con las urnas.
