Ofensiva migratoria de La Espriella deja 1.024 deportaciones en tres meses
Imagen: El Tiempo - Política
En tres meses, la ofensiva migratoria impulsada por el equipo de Abelardo De La Espriella dejó al menos 1.024 deportaciones y expulsiones, una cifra que refleja una presión creciente sobre la política migratoria. Sin embargo, expertos advierten que no hay pruebas de que estas medidas hayan reducido la criminalidad.
En apenas tres meses, la ofensiva migratoria asociada al discurso de Abelardo De La Espriella dejó al menos 1.024 deportaciones y expulsiones, según informó El Tiempo - Política. El dato, por sí solo, muestra un endurecimiento visible en el manejo de los extranjeros en condición irregular, pero también abre una pregunta incómoda: si el objetivo era mejorar la seguridad, ¿ya hay resultados medibles o solo un mensaje político de mano dura?
De acuerdo con la información publicada por ese medio, cerca de la mitad de esos procedimientos se habría sustentado en razones de seguridad nacional, lo que eleva el peso de la estrategia más allá del control migratorio tradicional. En otras palabras, no se trata únicamente de tramitar salidas del país por faltas administrativas o problemas documentales, sino de una política que está siendo presentada como respuesta directa a riesgos para el orden público y la seguridad estatal. Esa narrativa, sin embargo, todavía no se traduce en evidencia sólida sobre una caída de la criminalidad.
Ahí está el punto central del debate. Expertos consultados por El Tiempo - Política sostienen que, por ahora, no existe evidencia suficiente para afirmar que el aumento de deportaciones y expulsiones haya reducido los delitos. Esa advertencia es clave porque, en América Latina, las políticas migratorias endurecidas suelen venderse como soluciones rápidas a problemas complejos, cuando en realidad la seguridad depende también de inteligencia, judicialización efectiva, control territorial y capacidad institucional. Si el Estado expulsa más personas pero no desmantela las redes que alimentan la violencia, el impacto puede ser más simbólico que real.
El caso también tiene una lectura política de fondo. La cifra de 1.024 procedimientos en tan poco tiempo sirve para alimentar un relato de autoridad y control, especialmente útil en escenarios de campaña o de disputa por el voto duro. Pero para la gente de a pie, el asunto es más delicado: una política migratoria basada en la sospecha generalizada puede aumentar la presión sobre comunidades enteras, empujar a la informalidad a quienes ya viven al margen y debilitar la confianza entre población migrante y autoridades. En seguridad, como en casi todo, la diferencia entre actuar y resolver no siempre se mide en números, sino en resultados concretos que hasta ahora no aparecen.
