Polémica en Quinchía por propuesta de multar a quien alimente perros callejeros
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El anuncio del alcalde de Quinchía, en Risaralda, de multar a quienes alimenten perros callejeros desató una tormenta política y social. La senadora Andrea Padilla reaccionó con dureza y reabrió el debate sobre cómo manejar la población animal sin castigar a los ciudadanos.
La propuesta del alcalde de Quinchía, en Risaralda, de sancionar a quienes den comida a los perros de la calle encendió una polémica que va mucho más allá de un municipio del Eje Cafetero. La iniciativa, presentada como una forma de “controlar” la presencia de animales abandonados, fue cuestionada de inmediato por sectores animalistas y por la senadora Andrea Padilla, una de las voces más visibles en defensa del bienestar animal en Colombia, quien rechazó la idea con firmeza y la convirtió en tema de discusión nacional.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo (Colombia), la medida busca desincentivar que los habitantes alimenten a los perros sin hogar, bajo el argumento de que eso contribuye a que permanezcan en las calles. Sin embargo, el planteamiento abre un dilema de fondo: castigar a quien ayuda no resuelve el abandono, la sobrepoblación ni la falta de políticas públicas para esterilización, adopción responsable y atención veterinaria. En la práctica, la discusión deja en evidencia una debilidad recurrente de muchos municipios pequeños: cuando el problema animal se desborda, la respuesta suele llegar tarde, mal y cargando la responsabilidad sobre los ciudadanos.
El episodio importa porque revela una tensión cada vez más visible entre el discurso de control y la obligación de proteger a los animales que ya viven en el espacio público. En Colombia, donde el abandono de mascotas sigue siendo un problema estructural, medidas como esta suelen generar rechazo no solo por su tono punitivo, sino porque pueden terminar castigando la solidaridad básica de una comunidad. Además, ponen a prueba la capacidad de los gobiernos locales para diseñar soluciones reales: campañas de esterilización masiva, jornadas de adopción, educación ciudadana y redes de atención que reduzcan la reproducción y el maltrato. Sin esas herramientas, cualquier intento de “ordenar” la calle desde la multa corre el riesgo de ser más simbólico que efectivo.
El pulso entre la Alcaldía de Quinchía y sus críticos también deja una lección política: en temas de bienestar animal, el país ya no acepta respuestas improvisadas ni argumentos que confundan control con solución. Lo que está en juego no es solo la presencia de perros callejeros, sino la calidad de las decisiones públicas y la forma en que los municipios entienden la convivencia entre personas y animales. Si esta propuesta avanza, podría abrir un precedente incómodo; si se corrige, al menos dejará claro que la salida no puede ser perseguir al que alimenta, sino intervenir donde realmente está el problema.
