Caribe eléctrico en tensión: dudas sobre los 1,5 billones para salvar a Air-e
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La crisis energética del Caribe colombiano vuelve a poner bajo presión a Air-e y a los bolsillos de millones de usuarios. La Liga de Usuarios advierte que el problema ya no admite parches y exige decisiones estructurales al Gobierno y a los entes de control.
La crisis de Air-e amenaza con convertirse en un nuevo frente de riesgo social y fiscal para el Caribe colombiano, mientras la Liga de Usuarios insiste en que los 1,5 billones de pesos anunciados no bastarán si el Gobierno no toma decisiones de fondo. El gremio advirtió que la empresa necesita estabilización inmediata y que la sobretasa regional, que encarece la factura de electricidad en una zona ya golpeada por el costo de vida, debe eliminarse cuanto antes para evitar que el problema siga trasladándose a los usuarios.
Según informó El Tiempo (Colombia), la organización participará este miércoles en una mesa convocada por la Procuraduría, un escenario que refleja la gravedad del asunto y la creciente presión institucional sobre la operación de Air-e. La discusión no gira solo alrededor de recursos: también está en juego la continuidad del servicio, la sostenibilidad financiera de la compañía y la capacidad del Estado para evitar que la crisis termine agravando los apagones, la mora y la desconfianza ciudadana. Para la Liga, el auxilio económico por sí solo no resolverá una ecuación que lleva años deteriorándose.
Lo que está en juego va mucho más allá de una disputa técnica entre Gobierno, empresa y reguladores. En el Caribe, la energía eléctrica no es un asunto abstracto: afecta la competitividad de los comercios, la productividad de pequeños negocios, el funcionamiento de hospitales, escuelas y hogares, y define cuánto de un ingreso familiar termina absorbido por una tarifa que muchos consideran insostenible. Si la solución se limita a inyectar dinero sin corregir la estructura tarifaria y sin estabilizar a Air-e, el país podría estar comprando tiempo, pero no una salida real. Y eso, en una región con alta vulnerabilidad social, puede traducirse en más inconformidad, más litigios y mayor presión política sobre el Gobierno nacional.
La cita en la Procuraduría será, por tanto, algo más que una reunión de trámite. Puede convertirse en el espacio donde se mida si el Estado está dispuesto a asumir el costo de una intervención seria o si seguirá administrando una emergencia que ya golpea la vida cotidiana de millones de usuarios. La pregunta de fondo sigue intacta: si 1,5 billones alcanzan para apagar el incendio o si, como teme la Liga de Usuarios, el Caribe seguirá pagando la cuenta de un problema estructural que nadie ha querido resolver a tiempo.
