Colombia enfrenta crisis por inhibidores obsoletos en cárceles

Imagen: infobae colombia
Un informe del Ministerio de Justicia encendió las alarmas sobre la capacidad real del sistema penitenciario colombiano para frenar las comunicaciones ilegales desde prisión. De 16 inhibidores de señal, 12 están obsoletos o fuera de servicio y desde 2012 no hay un contrato integral de mantenimiento.
La red de seguridad electrónica en las cárceles de Colombia está en un estado crítico y eso tiene consecuencias directas para el control del crimen organizado desde los centros de reclusión. Según informó infobae colombia, un informe del Ministerio de Justicia revela que 12 de los 16 inhibidores de señal instalados en el sistema penitenciario están obsoletos o fuera de servicio, una falla que deja expuesta la debilidad del Estado para bloquear comunicaciones ilegales dentro de los penales.
El diagnóstico no se limita a un problema técnico. De acuerdo con el reporte citado por infobae colombia, desde 2012 no existe un contrato integral de mantenimiento para los equipos de seguridad electrónica, lo que implica más de una década sin una estrategia sostenida para sostener operativos estos sistemas. A eso se suma otro dato preocupante: en 2025 no se asignaron recursos para comprar nuevas tecnologías de control de comunicaciones, una decisión que profundiza el rezago frente a unas estructuras criminales que sí se adaptan rápido, diversifican canales y encuentran formas de seguir operando desde adentro.
Este escenario importa porque las cárceles colombianas no son solo lugares de castigo; en demasiados casos han funcionado como centros de mando, coordinación y presión para organizaciones delincuenciales. Cuando los inhibidores fallan o quedan desactualizados, se facilita el uso de celulares y otros dispositivos para extorsionar, coordinar homicidios, mover recursos y mantener cadenas de mando que deberían estar interrumpidas. La crisis, entonces, no es únicamente administrativa: tiene efectos sobre la seguridad ciudadana y sobre la capacidad del Estado para contener el delito en las calles. En un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento, la corrupción y la precariedad tecnológica, la falta de mantenimiento termina siendo un multiplicador del riesgo.
La advertencia del Ministerio de Justicia obliga a mirar más allá del inventario de equipos dañados. Lo que está en juego es la eficacia real de la política penitenciaria y la voluntad del Estado para cerrar una de las rutas más rentables del crimen organizado: la comunicación desde prisión. Si no se corrige el abandono acumulado, Colombia seguirá pagando afuera el costo de lo que no logra controlar adentro.




