Alerta en Minciencias: citación al OCAD por $735 mil millones enciende dudas por controles
Imagen: El Tiempo - Política
Minciencias citó al OCAD para aprobar contratos por cerca de $735 mil millones en el último día del Gobierno Petro, y la operación ya encendió alarmas por posibles atajos en los controles. La Federación Colombiana de Ciencia pidió frenar el proceso y revisar si hay tiempo real para hacerlo bien.
La convocatoria de Minciencias al OCAD para sacar adelante contratos por cerca de 735 mil millones de pesos el último día del gobierno de Gustavo Petro abrió una alerta que va más allá del trámite administrativo: si los proyectos avanzan sin las revisiones de rigor, el país podría terminar comprometiendo recursos públicos de enorme magnitud con un nivel de control discutible. La advertencia llegó en un momento políticamente sensible, cuando cualquier decisión de cierre de gobierno queda bajo la lupa y el margen para corregir errores es mínimo.
Según informó El Tiempo - Política, la Federación Colombiana de Ciencia pidió detener el proceso al considerar que la aprobación acelerada de estos proyectos no garantiza una evaluación técnica suficiente. El punto de fondo no es solo la fecha de la citación, sino la forma en que podrían quedar aprobadas iniciativas de gran tamaño presupuestal sin los filtros que, en teoría, deben blindar la destinación de los recursos. En un país con historial de dudas sobre la ejecución de fondos públicos, cada convocatoria de este tipo termina siendo una prueba de credibilidad institucional.
Lo que está en juego también toca el corazón de la política científica colombiana. El OCAD, como instancia de decisión sobre recursos de regalías, fue diseñado precisamente para evitar que la plata pública se mueva por simple impulso político o por urgencias de coyuntura. Por eso preocupa que una decisión de esta naturaleza se produzca al final de un mandato, cuando la tentación de dejar amarrados proyectos puede chocar con la obligación de revisar viabilidad, pertinencia e impacto. Si la denuncia de la Federación prospera, el debate no será solo jurídico o administrativo: también será sobre transparencia, prioridades y sobre quién responde si estos contratos nacen con fallas de origen.
En términos prácticos, el asunto importa porque esos 735 mil millones no son una cifra abstracta. Se trata de recursos que podrían marcar la agenda de ciencia, tecnología e innovación durante años, pero también de contratos que, si salen mal, terminan erosionando la confianza ciudadana en el Estado. En Colombia, la discusión sobre ciencia suele quedar relegada frente a la urgencia fiscal y la política electoral; sin embargo, precisamente por eso la vigilancia debe ser mayor, no menor. Cuando la plata pública se aprueba con prisa, el costo no siempre se ve de inmediato, pero casi siempre termina pagándolo la gente.
