Extorsión desde cárceles: Inpec detecta 14.097 llamadas y pide bloquear casi 10.000 líneas
Imagen: infobae colombia
El Inpec reveló una dimensión alarmante de las extorsiones carcelarias en Colombia: 14.097 llamadas salieron de penales bajo su custodia tras cruzar 73.670 registros. La amenaza ya llevó a pedir el bloqueo de 9.967 líneas y expone una red criminal todavía activa.
Las cárceles colombianas siguen siendo un punto neurálgico de la extorsión. El Inpec confirmó que, tras procesar 73.670 registros vinculados con secuestro y extorsión, logró identificar 14.097 llamadas originadas desde centros penitenciarios bajo su custodia, una cifra que muestra que el delito no solo se organiza afuera, sino que también opera desde adentro de los penales, con una capacidad de contacto que se mantiene viva y en expansión.
De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el rastreo fue posible gracias a la triangulación de datos con operadores de telefonía, una herramienta que permitió ubicar los puntos desde donde se activaban las comunicaciones ilegales. A partir de ese cruce de información, la autoridad penitenciaria pidió bloquear 9.967 registros, una medida que busca cortar el puente tecnológico que hoy le facilita a estructuras criminales intimidar, exigir pagos y coordinar delitos sin salir de los establecimientos de reclusión.
El dato más inquietante no es solo el volumen, sino la frecuencia: en términos prácticos, el fenómeno equivale a una alarma constante, con llamadas que siguen saliendo desde lugares que deberían estar cerrados para cualquier operación delictiva. Esto habla de una falla persistente en los controles internos, pero también de la sofisticación de las redes que logran mantener comunicación con el exterior pese a los operativos y las restricciones. En un país golpeado por la extorsión como Colombia, el problema no se limita a una estadística penitenciaria; impacta a comerciantes, transportadores, familias y pequeños negocios que terminan pagando por miedo.
La cifra obliga a mirar más allá del titular: si casi diez mil registros ya fueron puestos en la mira para bloqueo, la pregunta de fondo es cuántos números siguen activos y cuántas víctimas potenciales están aún expuestas. La extorsión carcelaria no es un delito marginal ni una anomalía administrativa; es una economía criminal que se alimenta de la debilidad institucional, de la impunidad y de la capacidad de los cabecillas para seguir operando desde los centros de reclusión. Mientras esa conexión no se rompa de fondo, cada llamada seguirá siendo una señal de que la cárcel, para algunos delincuentes, sigue funcionando como oficina.
