Pinocho, jefe de Los Pachenca, evalúa someterse a la justicia en medio de la ofensiva estatal
Imagen: infobae colombia
Alias Pinocho, jefe máximo de Los Pachenca, estaría dispuesto a someterse a la justicia colombiana tras la caída de dos de sus hombres más cercanos en La Guajira y Magdalena. El movimiento llega en medio de una ofensiva estatal que busca desarticular a las Acsn y evitar más violencia en la Sierra Nevada y el Caribe.
La posible entrega de alias Pinocho, señalado como el máximo cabecilla de Los Pachenca, abre una nueva fase en la disputa por el control criminal en la región Caribe. Su abogado aseguró que el jefe ilegal podría someterse a la justicia colombiana, en un momento en que la presión institucional contra esa estructura se intensificó con operativos en La Guajira y Magdalena que neutralizaron a alias Bendito Menor y alias el Cholo, considerados el segundo y el tercer mando de las Acsn.
El anuncio no es menor: ocurre después de una seguidilla de golpes policiales y militares contra una organización que ha logrado sobrevivir, fragmentarse y reacomodarse en territorios estratégicos entre la Sierra Nevada, Santa Marta y corredores de salida hacia el Caribe. Según informó infobae colombia, el abogado del señalado cabecilla planteó que la salida no puede seguir siendo una lógica de confrontación basada en más capturas, más bolsas negras y más muertos, una frase que refleja tanto el desgaste del conflicto como la intención de abrir una vía judicial para un grupo que ha hecho de la violencia su principal herramienta de control territorial.
En términos prácticos, el eventual sometimiento de Pinocho podría convertirse en una ficha clave para que el Estado intente desarmar la cadena de mando de una estructura que hoy opera con lógicas de mando medio, tercerización del crimen y alianzas locales. Pero también expone una realidad incómoda: en Colombia, los procesos de desmovilización o sometimiento con organizaciones armadas y criminales suelen avanzar entre anuncios espectaculares, tensiones jurídicas y resultados inciertos en el territorio. La pregunta de fondo es si esta vez habrá un desmonte real de las rentas ilegales o si, como ha ocurrido antes, la presión oficial terminará solo redistribuyendo el poder entre otros mandos menos visibles y más violentos.
Para la gente que vive en la Sierra Nevada, en los barrios periféricos de Santa Marta o en los municipios de influencia de estas redes, la discusión no es abstracta. Lo que está en juego es quién cobra extorsiones, quién controla las rutas, quién impone normas de movilidad y quién decide, en la práctica, sobre la vida cotidiana. Por eso, cualquier señal de sometimiento de un jefe de alto nivel será leída no solo como un gesto jurídico, sino como una prueba de si el Estado puede reemplazar la fuerza criminal con presencia real, investigación sostenida y protección efectiva para las comunidades que siguen atrapadas entre operativos y retaliaciones.
