ONU-Hábitat advierte que las políticas de vivienda ya no funcionan

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, lanzó una advertencia incómoda pero difícil de ignorar: las políticas de vivienda que han guiado a muchos países durante años ya no están dando resultados. En entrevista con El País, sostuvo que el mundo está en un momento de transición y que el acceso a una vivienda digna no puede seguir tratándose como un asunto marginal, sino como una prioridad de política pública y de justicia social.

Rossbach parte de una constatación que atraviesa a buena parte de las grandes ciudades del planeta: los precios de la vivienda suben más rápido que los salarios, el alquiler se vuelve una carga cada vez más pesada y millones de personas quedan atrapadas entre la informalidad, el hacinamiento o el desplazamiento a periferias cada vez más lejanas. Para la funcionaria de la ONU, el problema no es solo de oferta insuficiente, sino de un modelo que dejó de proteger a quienes menos capacidad tienen para competir en el mercado inmobiliario. Su llamado apunta a revisar el papel del Estado, los incentivos al sector privado y la manera en que se financian las ciudades.

El diagnóstico importa porque la crisis habitacional ya no golpea únicamente a los sectores más pobres. En América Latina, como en Estados Unidos y otras regiones, el encarecimiento de la vivienda se convirtió en un factor que presiona la desigualdad, deteriora la movilidad social y agrava tensiones urbanas. Cuando una familia debe destinar una porción excesiva de sus ingresos al techo, todo lo demás se resiente: alimentación, transporte, educación y salud. Por eso Rossbach insiste en un acuerdo social que vaya más allá de medidas aisladas y permita redefinir las prioridades de los gobiernos. En otras palabras, no se trata de ajustar el sistema existente, sino de reconocer que el sistema, tal como está, ya no alcanza.

Su planteamiento también deja una advertencia política: si los Estados no actualizan sus estrategias, la crisis de vivienda seguirá amplificando la exclusión y alimentando la sensación de que la ciudad dejó de ser un espacio para vivir y se convirtió en un activo para especular. En ese escenario, la discusión sobre vivienda deja de ser técnica y se vuelve profundamente democrática: quién puede permanecer en las ciudades, quién queda expulsado y qué modelo de sociedad se está construyendo.