Angie Rodríguez denuncia ante la Fiscalía un presunto intento de envenenamiento en su contra
Imagen: El Tiempo - Política
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denunció ante la Fiscalía un presunto intento de envenenamiento con pastillas durante su paso por el Gobierno. La revelación abre interrogantes sobre seguridad interna, manejo institucional y el alcance real de la amenaza.
Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), denunció ante la Fiscalía un presunto intento de envenenamiento en su contra y aseguró que durante el episodio le habrían suministrado unas pastillas. El caso, revelado por El Tiempo - Política, sacude el entorno político y administrativo del Gobierno porque no se trata solo de una acusación personal, sino de un señalamiento que apunta a un posible ataque dentro del círculo de confianza de una de las dependencias más sensibles del Estado.
Según lo informado por la propia Rodríguez, su cuerpo no habría reaccionado de la manera que normalmente se esperaría tras la ingesta de esas sustancias, un detalle que ahora forma parte de la investigación que quedó en manos de la Fiscalía. La exfuncionaria sostuvo que llevó el caso a las autoridades competentes luego de advertir que lo ocurrido no correspondía a un hecho aislado ni a una simple confusión, sino a una situación que para ella amerita ser esclarecida con urgencia. Por ahora no se conocen públicamente resultados forenses, ni una versión oficial que confirme el contenido exacto de las pastillas o el nivel del riesgo al que habría estado expuesta.
El episodio importa más allá del testimonio de Rodríguez porque pone bajo la lupa los mecanismos de seguridad y control al interior de la Casa de Nariño y sus dependencias. En Colombia, donde la desconfianza hacia las instituciones suele crecer cada vez que aparecen denuncias de amenazas o sabotaje interno, un caso como este no solo impacta la credibilidad del Gobierno de turno, sino que también alimenta dudas sobre quién tuvo acceso a la funcionaria, en qué contexto se produjo el presunto suministro y qué tan vulnerables pueden ser los altos funcionarios en espacios que deberían estar blindados. Si la investigación avanza y encuentra indicios sólidos, el caso podría abrir una discusión más amplia sobre protocolos, custodias y responsabilidades dentro del aparato presidencial.
Por ahora, el país queda a la espera de que la Fiscalía establezca si hubo realmente un intento de envenenamiento o si se trató de una denuncia sin sustento penal. En cualquier escenario, la sola existencia de la alerta ya tiene efectos políticos: instala sospechas, obliga a revisar procedimientos internos y deja en evidencia que las disputas de poder en Colombia no siempre se expresan en discursos o votos, sino también en hechos que pueden poner en riesgo la vida de quienes ocupan cargos de alto nivel.
