ANT, bajo la lupa por compra de fincas inservibles para reforma agraria
Imagen: infobae colombia
La Agencia Nacional de Tierras quedó bajo la lupa de la Procuraduría y la Contraloría por una compra rural de más de 36.000 millones de pesos que, según alertas internas, habría recaído sobre predios sin aptitud para la reforma agraria. El caso expone fallas graves en la planeación y abre preguntas sobre el destino real de los recursos para campesinos.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) quedó en el centro de una nueva tormenta institucional luego de que la Procuraduría y la Contraloría pusieran la lupa sobre una operación de compra de predios rurales por más de 36.000 millones de pesos, en la que además se habrían autorizado anticipos por 14.339 millones pese a advertencias internas sobre serias restricciones para usar esas fincas en la reforma agraria. El caso no solo cuestiona la legalidad y la conveniencia de la transacción, sino también la capacidad del Estado para comprar tierra útil, productiva y realmente entregable a campesinos.
De acuerdo con la información revelada por infobae colombia, las alertas dentro de la propia entidad apuntaban a problemas ambientales, agronómicos y territoriales que, en teoría, hacían inviable destinar esos predios a los fines previstos. En otras palabras: se habrían adquirido tierras que no cumplían con las condiciones mínimas para convertirse en solución para familias rurales sin acceso a tierra. Ese detalle es clave porque la reforma agraria no depende solo de sumar hectáreas en un inventario estatal; depende de que esas hectáreas sirvan para producir, para habitar y para sostener proyectos de vida en el campo.
El episodio golpea directamente uno de los frentes más sensibles del gobierno: la promesa de acelerar la redistribución de tierra en Colombia. La ANT es la entidad llamada a convertir esa apuesta en resultados concretos, pero si compra predios con restricciones conocidas de antemano, el programa pierde credibilidad y se expone a convertirse en una maquinaria costosa de papel, más enfocada en mostrar ejecución presupuestal que en resolver el problema estructural del acceso a la tierra. Para el campesinado, esto significa una demora más en una deuda histórica; para el Estado, significa el riesgo de terminar pagando por activos que no cumplen su propósito social.
Lo que viene ahora es una revisión de fondo sobre quién autorizó la operación, con qué soportes técnicos se tomó la decisión y por qué se ignoraron o minimizaron los reparos internos. También será determinante establecer si hubo fallas administrativas, omisiones disciplinarias o responsabilidades fiscales por la compra y por los anticipos desembolsados. En un país donde la disputa por la tierra sigue siendo una de las heridas más profundas del conflicto y de la desigualdad rural, cada peso mal invertido en reforma agraria no solo erosiona la confianza pública: retrasa una transformación que millones de campesinos siguen esperando.
