‘Muñeca’, ‘Araña’ y ‘Mocho Olmedo’: el golpe a la Paz Total tras su extradición a EE. UU.
Imagen: infobae
Estados Unidos recibirá a tres jefes armados que el Gobierno Petro había sentado en mesas de paz: ‘Muñeca’, ‘Araña’ y ‘Mocho Olmedo’. La extradición reabre el debate sobre los límites de la Paz Total y el costo de negociar con estructuras criminales.
Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; y Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’ serán extraditados a Estados Unidos, según informó El Tiempo. La decisión golpea de frente uno de los puntos más sensibles de la política de Paz Total: tres de los hombres que el Gobierno de Gustavo Petro había acercado a procesos de diálogo terminarán respondiendo ante la justicia estadounidense por su presunta relación con el narcotráfico y otras estructuras criminales. El giro es político y judicial al mismo tiempo, porque durante el gobierno anterior su entrega había quedado frenada precisamente por su papel como interlocutores en esas conversaciones, pese a que ya tenían concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de ‘Muñeca’, las autoridades lo señalan como jefe de ‘Los Pachenca’, una organización que, según la investigación conocida por el diario, pasó de ejercer control local en la Sierra Nevada a operar con alcance internacional. Fue capturado el 4 de junio de 2024 en Pereira, en medio de un operativo en el que, de acuerdo con la versión oficial, intentaba entrar a una clínica estética para alterar su apariencia y evadir a la justicia. Su trayectoria dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada comenzó hace casi dos décadas y terminó en la cúspide de una estructura que, según Policía y Fiscalía, habría enviado entre 50 y 60 toneladas de cocaína al año hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, se le atribuyen más de 150 homicidios selectivos en la disputa con el Clan del Golfo, así como asesinatos, desplazamientos forzados y extorsiones en zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla.
El caso de ‘Araña’ expone con crudeza el dilema de las mesas de negociación con actores armados que no han dejado atrás su músculo criminal. Su captura se produjo el 12 de febrero del año pasado, cuando agentes del CTI lo detuvieron al salir de una reunión del tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en un hotel de Bogotá. Rojas era presentado como el máximo cabecilla de esa organización, vinculada a los llamados ‘Comandos de la Frontera’, una estructura residual de las disidencias de la Segunda Marquetalia. En abril de 2024 ya se habían suspendido algunas órdenes de captura de integrantes de estos grupos, en un gesto del Ejecutivo para mantener abiertas las puertas del diálogo. Pero el episodio dejó claro que la apuesta por negociar con actores armados puede chocar, tarde o temprano, con las exigencias de la justicia internacional y con las sospechas sobre el verdadero alcance de esas estructuras.
El tercer nombre, Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, completa un cuadro incómodo para la Paz Total: el de jefes con asiento en escenarios de paz mientras enfrentan pedidos de extradición por delitos graves. Aunque los detalles de su prontuario no se desarrollan en la información conocida, su salida hacia Estados Unidos confirma que el blindaje político que alguna vez frenó su entrega ya no será sostenible. Para Colombia, esto importa porque revela una tensión de fondo: negociar desescalamiento sin terminar legitimando a redes dedicadas al narcotráfico, la violencia territorial y la extorsión. Para Washington, en cambio, el caso reafirma que la presión por llevar a estos capos a tribunales federales sigue intacta. Y para la ciudadanía en regiones golpeadas por estas organizaciones, la pregunta de fondo es otra: si la paz negociada sirve para desarmar a los violentos o, en cambio, les da tiempo para reacomodar sus negocios mientras el Estado intenta alcanzarlos.
