Asesinan en Santander a exalcalde investigado por nexos con Los Rastrojos

Imagen: infobae colombia
El exalcalde de Rionegro, Santander, fue asesinado en una finca de Galápagos por hombres armados, en un caso que sacude a la región. La víctima estaba prófuga y era investigada por presuntos vínculos con Los Rastrojos.
El asesinato del exalcalde de Rionegro, Santander, volvió a poner en primer plano una verdad incómoda para varias regiones del país: la violencia política y criminal sigue golpeando incluso a quienes ya no ocupan cargos públicos. Según informó Infobae Colombia, el exmandatario fue atacado por hombres armados en una finca ubicada en el sector de Galápagos, en un hecho que las autoridades intentan esclarecer mientras avanzan las labores para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la víctima se encontraba prófuga y era investigada por presuntos vínculos con Los Rastrojos, una de las estructuras criminales más temidas en distintas zonas del país durante los últimos años. Ese dato no es menor: convierte el caso en una mezcla explosiva de ajuste de cuentas, disputa criminal y posibles deudas pendientes con la justicia. Por ahora, no hay una versión oficial cerrada sobre si se trató de una acción dirigida específicamente contra él o de un ataque relacionado con dinámicas criminales más amplias en la zona.
El hecho tiene una lectura que va más allá del nombre propio. En departamentos como Santander, donde el control territorial y las economías ilegales siguen marcando la agenda de seguridad, estos asesinatos suelen revelar la persistencia de redes armadas que no desaparecen con facilidad, aunque cambien de sigla o se fragmenten. Que un exalcalde, además investigado por nexos con una estructura como Los Rastrojos, haya sido asesinado en una finca habla de una cadena de poder donde política local, economía ilegal y violencia se cruzan con consecuencias directas para la población. Para los habitantes de la región, esto no solo significa alarma por un crimen de alto impacto; también alimenta la desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a exfuncionarios, testigos, denunciantes y comunidades que quedan en medio de esas disputas.
Las autoridades tienen ahora dos frentes urgentes: ubicar a los sicarios y reconstruir las circunstancias del ataque. Pero el caso también deja una pregunta de fondo que Colombia conoce demasiado bien: cuántos de estos asesinatos son hechos aislados y cuántos, en realidad, son la sombra persistente de estructuras criminales que siguen operando desde la clandestinidad, incluso después de que el país crea haberlas derrotado.



