Asesinan a lideresa social en Soacha y ofrecen $50 millones por información
Imagen: infobae colombia
Lucero Ramírez Molina, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Sandra, fue asesinada este viernes en Soacha. Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
El asesinato de Lucero Ramírez Molina, lideresa social y expresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Sandra, volvió a poner a Soacha frente a una realidad que ya es demasiado conocida: la violencia sigue golpeando a quienes organizan comunidad y reclaman presencia del Estado. La mujer fue asesinada este viernes, en un hecho que las autoridades ya investigan y por el que ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la administración local y los organismos de seguridad pidieron la colaboración de la ciudadanía para avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. Aunque todavía no se conocen públicamente los detalles sobre las circunstancias exactas del ataque, el caso encendió de inmediato las alarmas entre líderes sociales, vecinos y organizaciones comunitarias del municipio, que han insistido durante años en los riesgos que enfrentan quienes ocupan espacios de representación barrial.
Este asesinato no puede leerse como un hecho aislado. En municipios como Soacha, donde convergen pobreza urbana, presión demográfica, conflictividad social y déficits históricos de seguridad, las juntas de acción comunal se han convertido en blanco frecuente de amenazas, intimidaciones y violencia. La muerte de Ramírez Molina obliga a mirar más allá del crimen en sí: qué tanto respaldo real reciben los liderazgos locales, qué tan efectiva es la protección para quienes denuncian problemas en sus barrios y por qué, pese a los anuncios oficiales, la impunidad sigue siendo una constante que debilita la confianza ciudadana.
La recompensa anunciada puede ayudar a abrir una línea de investigación, pero no resuelve el fondo del problema. En Colombia, cada asesinato de un líder social deja una pregunta que se repite con dolor: quién protege a quienes sostienen el tejido comunitario en territorios donde el Estado llega tarde o llega de forma fragmentada. En Soacha, como en tantos otros lugares del país, la exigencia hoy es doble: justicia rápida y garantías reales para que liderar no siga siendo una actividad de alto riesgo.
