Policía desmantela red de oro ilegal que financiaba disidencias en Tolima
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Policía desmanteló en Ataco, Tolima, una red de minería ilegal que dejaba más de 3.000 millones de pesos al mes y estaba ligada a disidencias armadas. En la operación Pijao X fueron destruidas 12 excavadoras usadas para extraer oro de forma clandestina.
La Policía asestó en Ataco, Tolima, uno de los golpes más visibles contra la minería ilegal que financiaba a estructuras armadas en esta zona del país. En la operación Pijao X, realizada en un corredor vecino a Planadas, las autoridades desmantelaron una red dedicada a la extracción clandestina de oro que, según informó El Tiempo (Colombia), dejaba ingresos superiores a los 3.000 millones de pesos mensuales y utilizaba maquinaria pesada para sostener un negocio criminal de gran escala.
El operativo terminó con la destrucción de 12 excavadoras empleadas en la explotación ilícita, un reflejo de la magnitud del aparato logístico que había detrás de esta actividad. No se trataba de barequeo artesanal ni de explotaciones pequeñas: la estructura contaba con equipos de alto costo, suficiente capacidad operativa y un flujo económico que, de acuerdo con las autoridades, beneficiaba a disidencias armadas que siguen disputando control territorial en el sur del Tolima. La zona, además, ha sido históricamente sensible por la presencia de economías ilegales que se mezclan con rutas, extorsión y presión sobre comunidades rurales.
Este hallazgo importa por algo más que el oro incautado o las máquinas destruidas. La minería ilegal se convirtió en una caja registradora para grupos armados que no solo financian su expansión, sino que también degradan el ambiente, contaminan fuentes hídricas y alteran la vida de campesinos que quedan atrapados entre la presión criminal y la ausencia institucional. Tolima, como otras regiones del país, sigue mostrando que el control territorial no se juega únicamente en enfrentamientos armados, sino en quién domina la tierra, los recursos y las rentas ilegales. Mientras no se golpee la cadena completa —compradores, transporte, insumos y lavado de dinero—, el negocio puede reacomodarse rápidamente.
La operación deja una señal política y operativa clara: el Estado puede golpear los eslabones visibles de la explotación ilícita, pero el desafío real está en desmontar la economía que la sostiene. Para las comunidades de Ataco y Planadas, eso significa algo más concreto que un parte policial: menos presión de los grupos armados, menos deterioro ambiental y mayores posibilidades de que la autoridad recupere presencia en un territorio donde el oro ilegal se volvió poder, ingresos y control.
