De La Espriella cambia la seguridad regional y pone bajo regla a alcaldes y gobernadores
Imagen: El Tiempo - Política
El gobierno de Abelardo De La Espriella movió el foco de su estrategia de seguridad hacia gobernadores y alcaldes, a quienes ahora les asigna un papel central. La línea roja es clara: no podrán pactar en secreto con estructuras criminales.
Abelardo De La Espriella decidió cambiar el eje de la seguridad regional y colocar a gobernadores y alcaldes en el centro de la respuesta estatal frente a las estructuras criminales. La orden política es tan clara como contundente: los mandatarios territoriales deberán asumir un rol activo en la estrategia, pero sin recurrir a acuerdos clandestinos con grupos armados o redes ilegales, una práctica que en Colombia suele aparecer como atajo cuando el Estado llega tarde o llega fragmentado.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, la nueva apuesta del Ejecutivo busca coordinar de manera más estrecha a la Nación con las autoridades locales para enfrentar los focos de violencia en las regiones. El mensaje no solo redefine responsabilidades, sino que también fija un límite explícito frente a cualquier negociación oculta con estructuras criminales. En otras palabras, el Gobierno quiere que los mandatarios territoriales sean parte de la solución institucional, no de arreglos informales que terminan debilitando la autoridad del Estado y dejando a la ciudadanía en una zona gris de incertidumbre.
La decisión importa porque toca una de las debilidades históricas de la política de seguridad en Colombia: la distancia entre el mando central y la realidad territorial. En departamentos y municipios golpeados por el narcotráfico, la extorsión o el control armado, alcaldes y gobernadores suelen quedar entre la presión de las bandas y la lenta reacción del Gobierno nacional. Ponerlos al frente puede mejorar la coordinación, la inteligencia y la capacidad de respuesta, pero también los expone a mayores riesgos políticos y personales. La prohibición de acuerdos clandestinos, además, refleja un intento por cerrar la puerta a salidas opacas que en el pasado han terminado por erosionar la confianza ciudadana y alimentar nuevas formas de violencia.
El fondo del asunto es que la seguridad en las regiones no se resolverá solo con más anuncios desde Bogotá. Requiere presencia sostenida, recursos, inteligencia, justicia y una coordinación real con las autoridades locales. Si esta estrategia logra ordenar esa relación y evitar pactos paralelos, podría marcar un giro importante. Si no, quedará como otra fórmula para administrar la crisis sin desmontar las economías ilegales que siguen mandando en buena parte del territorio.
