Desalojo en Navarro expone la crisis humanitaria que Cali no logra resolver
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Más de 1.220 personas fueron desalojadas de un predio privado en Navarro, al suroriente de Cali, en una operación ordenada por autoridades locales. La Personería advirtió que, aunque se cumplió la decisión, la salida deja al descubierto una crisis humanitaria que sigue sin respuesta clara.
El desalojo de más de 1.220 personas en un predio privado de Navarro, al suroriente del casco urbano de Cali, volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la ciudad está resolviendo por la vía del cumplimiento formal una ocupación que también revela un déficit social profundo. La intervención, ejecutada en cumplimiento de decisiones de autoridad, dejó a decenas de familias en una situación de alta vulnerabilidad y obligó a la Personería de Cali a advertir que el problema no se agota con la recuperación del terreno, sino que exige una respuesta humanitaria urgente.
Según informó El Tiempo (Colombia), el operativo se realizó en un inmueble de propiedad privada donde desde hace tiempo se habían asentado cientos de personas, muchas de ellas familias con niños, adultos mayores y población migrante o en condición de precariedad económica. La salida fue descrita por las autoridades como el resultado de una orden que debía cumplirse, pero la discusión de fondo quedó abierta: qué alternativas reales tienen esas personas una vez pierden el lugar donde construyeron, aunque fuera de manera informal, un refugio para vivir. La Personería fue clara al señalar que la ejecución responde a una decisión institucional, pero al mismo tiempo evidencia que la ciudad sigue sin resolver la crisis humanitaria que empuja a miles a ocupar suelos privados o zonas de riesgo.
Este caso no es un hecho aislado ni exclusivo de Cali. En las principales ciudades de Colombia, el aumento del costo de vida, la informalidad laboral, el rezago en vivienda social y la llegada de población desplazada y migrante han multiplicado los asentamientos de hecho. Cuando el Estado recupera un predio sin una ruta sólida de atención, el conflicto simplemente se desplaza de un barrio a otro, o de una zona periférica a otra, mientras las familias cargan con la parte más dura del problema. Por eso importa lo ocurrido en Navarro: porque muestra la tensión entre la legalidad de la propiedad privada y la obligación pública de proteger derechos mínimos como techo, alimentación y reubicación digna. Si no hay respuesta integral, el desalojo puede convertirse en una solución administrativa que profundiza la emergencia social en lugar de resolverla.
Lo que queda ahora es una pregunta que ninguna operación policial o administrativa puede evadir: qué va a pasar con esas más de 1.220 personas en los próximos días. Si la respuesta institucional se limita a sacar a la gente del predio, Cali corre el riesgo de repetir un patrón conocido en Colombia: actuar tarde, contener el problema por horas y dejar intactas las causas que lo producen. En una ciudad con brechas urbanas cada vez más visibles, Navarro no solo habla de un terreno recuperado; habla de una deuda social que sigue creciendo.
