El salto de 153 billones que desató la pelea por el presupuesto de paz
Imagen: El Tiempo - Política
El presupuesto para la paz presentado en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro quedó en el centro de una discusión de fondo: el salto de 153 billones de pesos encendió alarmas por su tamaño y por lo que revelaba sobre las prioridades del próximo mandato. El intento de aumento de 910,16 % terminó convertido en una señal política más que en una realidad fiscal.
El debate sobre los recursos para la paz volvió a mostrar la tensión entre las promesas de transformación del Estado y los límites reales de las finanzas públicas. A pocos días del cambio de mando, el presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro incluía un incremento de 153 billones de pesos, una variación que, por su magnitud, resultó difícil de defender incluso para quienes simpatizan con una mayor apuesta estatal por la implementación del acuerdo y la construcción de paz. El dato más llamativo no es solo la cifra, sino el mensaje político que dejó: el intento de elevar en 910,16 % una partida sensible terminó exponiendo el tamaño de la disputa sobre qué entiende cada gobierno por “paz” y cuánto está dispuesto a pagar por ella.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo - Política, esa propuesta llegó en un momento particularmente delicado: el país estaba a las puertas de un relevo en el Ejecutivo y el proyecto presupuestal se leyó, más que como una herramienta de planeación, como un movimiento de cierre de administración. En términos prácticos, un aumento de esa escala implicaba redefinir prioridades en seguridad, inversión social, atención territorial y financiación institucional, en un contexto en el que el margen fiscal ya venía presionado por deuda, déficit y múltiples compromisos acumulados. No se trataba de una modificación menor ni de un ajuste técnico, sino de una expansión que obligaba a preguntar de dónde saldrían los recursos y cuál sería el costo de oportunidad para otras áreas del Estado.
Lo que está detrás de esta discusión es una vieja constante de la política colombiana: la distancia entre la retórica de la paz y la ingeniería presupuestal necesaria para sostenerla. Aumentar la financiación para la implementación, para programas rurales, sustitución de economías ilícitas o presencia estatal en zonas golpeadas por la violencia tiene sentido solo si existe capacidad real de ejecución, seguimiento y continuidad administrativa. Sin eso, las cifras abultadas terminan convertidas en promesas contables. Por eso el caso importa más allá del dato escandaloso: revela si la paz se sigue tratando como prioridad estructural o como bandera de coyuntura. Y en un país donde la violencia, la desigualdad territorial y la fragilidad institucional siguen siendo parte del día a día, cada peso destinado a ese propósito debe pasar no solo el examen político, sino el examen de viabilidad.
En el fondo, la discusión sobre estos recursos deja una pregunta incómoda para el gobierno entrante y para el Congreso: ¿se está financiando una política de Estado o se está heredando una factura imposible de pagar? La respuesta determinará no solo el tono del debate fiscal en los próximos meses, sino también la credibilidad de cualquier discurso sobre paz que vuelva a ponerse sobre la mesa.
