Asocapitales pide a la CREG ajustar sanciones eléctricas para no castigar a ciudades cálidas
Imagen: El Tiempo - Política
Asocapitales pidió a la CREG revisar las sanciones por consumo de energía para evitar que hogares de ciudades cálidas y zonas golpeadas por el terremoto terminen pagando más por factores estructurales, no por derroche. La advertencia abre un debate de fondo sobre equidad regulatoria en plena tensión energética.
La Asociación de Ciudades Capitales puso sobre la mesa un reclamo que va más allá del ahorro de energía: pidió a la CREG ajustar las sanciones por consumo para que las medidas adoptadas por el fenómeno de El Niño no terminen golpeando con más fuerza a los hogares de las ciudades cálidas ni a los municipios afectados por el terremoto. El mensaje es claro: no se puede medir con la misma regla a territorios que parten de realidades climáticas y sociales completamente distintas.
Según informó El Tiempo - Política, Asocapitales planteó que las decisiones regulatorias deben reconocer las particularidades de cada municipio, porque el consumo eléctrico no responde solo a hábitos de gasto, sino también a la temperatura, a la infraestructura disponible y a la capacidad real de las familias para reducir su demanda. En las ciudades con calor persistente, el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración no es un lujo, sino una necesidad básica para soportar condiciones que hacen parte de la vida cotidiana. A eso se suman zonas donde los daños ocasionados por el terremoto pueden haber alterado servicios, viviendas y patrones de consumo, obligando a hogares enteros a improvisar soluciones más costosas.
El fondo del reclamo es político y social al mismo tiempo. En Colombia, cada vez que se activan medidas para enfrentar una crisis energética, aparece la misma tensión: cómo incentivar el ahorro sin castigar de manera desproporcionada a quienes menos margen tienen para recortar su consumo. Aplicar sanciones uniformes puede parecer eficiente desde el escritorio, pero en la práctica puede profundizar desigualdades territoriales que ya existen desde antes de El Niño. No consume lo mismo una familia en Bogotá que una en Barranquilla, Montería, Valledupar o en municipios con afectaciones recientes por emergencias naturales. Por eso el debate no debería centrarse solo en cuánto se ahorra, sino en quién paga el costo de esa política.
Lo que Asocapitales le está recordando a la CREG es que la transición entre la advertencia y el castigo no puede ignorar el mapa real del país. Si la regulación no incorpora criterios diferenciados, el resultado puede ser una factura más alta para quienes ya viven en condiciones más exigentes. En tiempos de crisis climática y energética, el reto no es únicamente reducir la demanda, sino hacerlo sin convertir la política pública en una trampa para los hogares que no tienen opción de consumir menos.
