Atentan contra exalcalde de Jamundí y muere su escolta de la UNP
Imagen: infobae colombia
Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, fue víctima de un ataque sicarial según denunció el senador Duvalier Sánchez. Su escolta, Felipe López, integrante de la UNP, murió tras recibir varios disparos durante el atentado.
Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, fue blanco de un atentado sicarial en hechos que reavivan la preocupación por la violencia contra líderes políticos en el Valle del Cauca. El senador Duvalier Sánchez confirmó el ataque y lamentó la muerte de Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte del esquema de seguridad del exmandatario.
De acuerdo con la información divulgada, López resultó gravemente herido tras recibir varios disparos durante la acción criminal y falleció poco después. Hasta el momento, no se conocen públicamente más detalles sobre el lugar exacto del atentado, ni sobre los autores materiales o intelectuales del ataque, aunque el hecho ya encendió las alarmas por el nivel de exposición de quienes han ocupado cargos públicos en una de las zonas más golpeadas por el conflicto y las economías ilegales.
El caso no es aislado ni menor. Jamundí, un municipio estratégico del sur del Valle del Cauca, ha sido escenario recurrente de disputas armadas, presencia de grupos ilegales y presión sobre autoridades, exfuncionarios y líderes sociales. En ese contexto, un atentado contra un exalcalde no solo tiene un componente personal y político, sino que evidencia la fragilidad de los esquemas de protección en regiones donde la seguridad sigue dependiendo, muchas veces, de una reacción tardía del Estado y no de una prevención efectiva.
La muerte del escolta deja además una pregunta de fondo: qué tan blindadas están realmente las personas bajo protección oficial en Colombia. La UNP ha sido objeto de críticas por demoras, insuficiencia de recursos y fallas en la evaluación del riesgo, mientras la violencia armada continúa golpeando a quienes, por su cargo o actividad pública, se convierten en blanco de actores ilegales. En Jamundí, como en otros municipios del suroccidente, el atentado contra Ramírez vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la protección estatal sigue llegando, en demasiadas ocasiones, después de los disparos.
