Colombia

Fedegán pide a la Contraloría frenar auditoría al Fondo Nacional del Ganado

Hace 20 horas

Fedegán encendió las alertas sobre la auditoría al Fondo Nacional del Ganado y pidió a la Contraloría una intervención preventiva. El gremio cuestionó el cronograma, los requisitos de selección y el alcance técnico de la consultoría por $658 millones.

La auditoría al Fondo Nacional del Ganado quedó bajo la lupa de Fedegán, que pidió a la Contraloría General una intervención preventiva sobre el contrato de consultoría por 658 millones de pesos. El gremio ganadero dijo que ve señales de alerta en el cronograma, las condiciones de selección y el alcance técnico del proceso, y advirtió que esos puntos deben revisarse antes de que la ejecución avance y genere nuevos problemas de control o legitimidad.

Según informó infobae colombia, la solicitud fue presentada por José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, quien pidió evaluar los riesgos del proceso antes de que se consolide. La preocupación central del gremio no gira solo en torno al costo del contrato, sino a la forma en que se estructuró la consultoría y a si sus términos garantizan una revisión rigurosa, transparente y útil para el Fondo Nacional del Ganado, una entidad históricamente sensible dentro del sector por el manejo de recursos parafiscales.

El pronunciamiento de Fedegán importa porque pone sobre la mesa una discusión que en Colombia se repite con frecuencia: la calidad del control sobre los recursos públicos o parafiscales no depende únicamente de que exista una auditoría, sino de cómo se diseña, a quién se le asigna y con qué capacidades técnicas se contrata. Cuando un gremio que administra o ha administrado recursos del sector eleva una advertencia de este tipo, el mensaje es claro: no basta con cumplir la formalidad contractual, también hay que evitar vacíos que luego terminen en disputas, cuestionamientos o hallazgos fiscales. En un país donde la vigilancia sobre fondos sectoriales ha sido fuente de polémicas, este tipo de alertas suele anticipar tensiones mayores entre los operadores del proceso, los entes de control y los actores del gremio.

Por ahora, la pelota queda en manos de la Contraloría, que deberá evaluar si amerita o no una actuación preventiva. Si encuentra fallas en la estructuración del contrato, podría ordenar ajustes o dejar constancias que condicionen la ejecución; si no, el proceso seguirá su curso bajo el escrutinio público. En cualquier caso, el episodio deja una señal inequívoca: en temas de contratación y auditoría, el problema no siempre empieza con el contrato firmado, sino con las preguntas que debieron hacerse mucho antes.

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