Crece la toxicidad digital y se encienden alarmas por violencia electoral en redes

Imagen: infobae colombia
Un monitoreo de la MOE, el PNUD y las FLIP encendió las alarmas por la expansión de mensajes hostiles y violentos en redes sociales en la antesala de la segunda vuelta presidencial. El patrón más preocupante: ataques directos contra periodistas, medios y autoridades electorales, junto con discursos que empiezan a normalizar la agresión política.
La campaña hacia la segunda vuelta presidencial entra en un terreno cada vez más riesgoso: el de la intimidación digital como herramienta política. Un monitoreo conjunto de la Misión de Observación Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación para la Libertad de Prensa detectó altos niveles de comunicación tóxica en redes sociales, con ataques dirigidos no solo a adversarios políticos, sino también a periodistas, medios de comunicación y autoridades electorales. El dato central no es menor: la conversación pública se está contaminando con expresiones que ya no solo buscan desacreditar, sino también normalizar la violencia como parte del debate democrático.
Según informó Infobae Colombia a partir de ese monitoreo, el problema no se limita a comentarios aislados ni a usuarios particularmente agresivos. Lo que encontraron las organizaciones es un patrón sostenido de hostilidad que crece a medida que se acerca la definición presidencial. En ese ecosistema digital aparecen mensajes que deshumanizan al contradicor, señalan a los medios como enemigos y convierten a quienes vigilan el proceso electoral en blanco de desinformación, insultos y amenazas. En la práctica, eso termina por degradar la discusión pública y por crear un clima en el que la diferencia política se interpreta como una provocación que merece castigo.
El hallazgo importa por una razón sencilla: las redes sociales ya no son solo un espacio de opinión, sino un termómetro que influye en la percepción de legitimidad del proceso electoral. Cuando periodistas, observadores y autoridades quedan bajo fuego digital, se debilita la capacidad institucional para verificar, informar y controlar abusos. Y cuando la violencia verbal se vuelve rutina, el paso a la violencia física deja de parecer improbable. Colombia conoce bien ese riesgo. En cada ciclo electoral, el país vuelve a enfrentarse al mismo dilema: cómo proteger la competencia democrática en un entorno donde la polarización recompensa el insulto y castiga el matiz. La segunda vuelta, por definición, suele endurecer los discursos; pero lo que advierten MOE, PNUD y FLIP es que esta vez el umbral de tolerancia se está corriendo peligrosamente hacia la agresión abierta.
Detrás de esta escalada hay un efecto político y social que no conviene minimizar. Para la ciudadanía común, el costo es doble: por un lado, recibe información cada vez más envenenada y menos confiable; por otro, ve cómo se normaliza la idea de que el adversario no merece ser persuadido, sino silenciado. Ese deterioro no termina el día de la elección. Si no se corrige, puede dejar una huella más profunda que el resultado mismo: instituciones más frágiles, medios más expuestos y una conversación pública todavía más capturada por la intimidación. Por eso el monitoreo de estas organizaciones no debe leerse como una advertencia técnica, sino como una señal política urgente sobre el estado de la democracia en Colombia.


