Recompensa por asesinato de Cristian Herrera reabre cuestionamientos sobre protección a periodistas

Las autoridades de Norte de Santander movieron ficha tras el asesinato del periodista Cristian Herrera y ofrecieron una recompensa de $100 millones por información que permita identificar a los responsables. El anuncio busca acelerar una investigación que, además de esclarecer un crimen, vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad de los esquemas de protección para comunicadores en una región marcada por la violencia, la presión armada y la disputa territorial. En paralelo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado para explicar por qué la víctima no contaba con escoltas cuando ocurrió el ataque, un detalle que no solo alimenta preguntas sobre el caso, sino sobre la eficacia real del sistema de protección en Colombia.

Según informó El Tiempo (Colombia), la UNP sostuvo que la ausencia de escoltas obedecía a las condiciones en que estaba siendo evaluado o atendido el nivel de riesgo de la víctima, un punto que suele convertirse en el eslabón más débil de la cadena institucional: cuando la amenaza ya existe, pero la protección llega tarde, resulta insuficiente o se queda atrapada en trámites, revisiones y criterios que no siempre responden a la urgencia del terreno. La recompensa, en ese sentido, es una señal de presión política y operativa, pero también una admisión implícita de que el caso exige más que declaraciones: necesita resultados, capturas y una reconstrucción precisa de lo ocurrido.

El asesinato de un periodista en Norte de Santander no puede leerse como un hecho aislado. Esa zona del país ha sido históricamente sensible para el ejercicio del periodismo por la presencia de actores armados, la economía ilegal, las amenazas contra líderes sociales y el control territorial sobre rutas estratégicas. En ese contexto, cada muerte de un comunicador plantea la misma pregunta incómoda: ¿qué tanto protege realmente el Estado a quienes investigan, denuncian o narran lo que otros quieren ocultar? La respuesta, hasta ahora, ha sido desigual. Colombia cuenta con mecanismos de protección, pero la brecha entre el riesgo identificado y la protección efectiva sigue costando vidas.

Por eso este caso importa más allá de la tragedia individual. Lo que está en juego no es solo la memoria de Cristian Herrera, sino la capacidad institucional para anticipar el peligro y no limitarse a reaccionar después del crimen. Si la investigación avanza con rigor, si la recompensa produce información útil y si la UNP logra explicar con claridad qué falló y por qué, el país podría empezar a cerrar una de sus heridas más repetidas: la de un periodismo que informa bajo amenaza mientras el Estado llega, muchas veces, cuando ya es demasiado tarde.