Bolaños lleva al CGPJ al límite y acusa al órgano de proteger al juez Peinado
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Félix Bolaños apeló el archivo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado y acusó al CGPJ de responder con conservadurismo o corporativismo. El ministro sostiene que la actuación del magistrado en el caso Begoña Gómez fue intimidatoria y dañó la imagen de la justicia.
Félix Bolaños ha dado un paso más en su pulso con el juez Juan Carlos Peinado: recurrió el archivo de su queja ante el Consejo General del Poder Judicial y pidió reabrir las diligencias disciplinarias abiertas por su declaración como testigo en el caso Begoña Gómez. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sostiene que la decisión del órgano de gobierno de los jueces no responde a los estándares de agilidad ni de defensa del interés general, y atribuye el archivo a una mezcla de conservadurismo y corporativismo dentro del CGPJ.
Según el recurso al que tuvo acceso Europa Press, Bolaños insiste en que la actuación del magistrado durante su comparecencia fue “objetivamente intimidatoria” y “hostil”, una conducta que, a su juicio, no puede despacharse como una simple tensión propia de una declaración judicial. El ministro también reprocha que hayan pasado 427 días desde la primera queja hasta la notificación del archivo, un lapso que considera excesivo para una diligencia informativa centrada en hechos concretos y de fácil comprobación. Además, afirma que el órgano disciplinario practicó pocas actuaciones de investigación y que eso deja sin respuesta unas presuntas irregularidades que, dice, ya eran ampliamente conocidas por la opinión pública.
Más allá del choque personal y procesal, el episodio vuelve a poner bajo presión la relación entre el Gobierno y una parte del poder judicial en plena investigación que afecta a la esposa del presidente. El recurso de Bolaños no solo busca corregir una decisión administrativa, sino instalar la idea de que el CGPJ no ha protegido adecuadamente la reputación de la justicia frente a comportamientos que, según su versión, comprometieron la imparcialidad del proceso. En el fondo, la disputa se mueve en un terreno más sensible que el de una queja individual: el de la confianza pública en los jueces, justo cuando cualquier señal de politización erosiona todavía más la credibilidad institucional.
El caso también refleja una dinámica conocida en España: cuando un miembro del Ejecutivo denuncia a un juez por su trato o por su forma de instruir, el debate deja de ser solo jurídico y pasa a ser político, con un alto componente de desgaste mutuo. Bolaños quiere que el CGPJ revise su decisión y emita un pronunciamiento sobre hechos que, según él, podrían encajar en infracciones disciplinarias y no en una mera discrepancia sobre criterios jurisdiccionales. Lo que ocurra ahora dirá mucho sobre la disposición del órgano judicial a corregirse internamente y sobre hasta qué punto este conflicto seguirá alimentando la sospecha de que la batalla por el caso Begoña Gómez ya se libra también en el frente institucional.
