Esquemas de seguridad en Bogotá costarán $181.400 millones en 2026
Imagen: El Tiempo - Política
Bogotá entró en un nuevo debate fiscal tras conocerse que los esquemas de seguridad para congresistas y concejales costarán $181.400 millones en 2026. Según proyecciones presentadas por Daniel Briceño, ese gasto podría subir a $725.000 millones en cuatro años.
El costo de proteger a congresistas y concejales en Bogotá volvió a poner bajo escrutinio el uso de los recursos públicos. Según proyecciones presentadas por el representante Daniel Briceño, los esquemas de seguridad para estos funcionarios alcanzarán los $181.400 millones en 2026, una cifra que reaviva la discusión sobre prioridades del gasto estatal en una ciudad y un país donde la presión fiscal convive con necesidades urgentes en seguridad ciudadana, movilidad y servicios sociales.
De acuerdo con lo expuesto por Briceño y reseñado por El Tiempo - Política, el problema no se limita al próximo año. La proyección que puso sobre la mesa advierte que, en un horizonte de cuatro años, el costo total podría escalar hasta los $725.000 millones. Ese cálculo convierte la protección de un grupo específico de funcionarios en una de las líneas de gasto más sensibles del debate público, no solo por el monto, sino por la velocidad con la que crecería.
El asunto importa porque los esquemas de seguridad son una obligación del Estado cuando existen riesgos reales para la vida e integridad de servidores públicos, pero también porque cada peso comprometido en ese frente deja menos margen para otras necesidades. En Bogotá, donde la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, la discusión inevitablemente toca una fibra política: cuánto cuesta blindar a quienes legislan y representan, y cuánto de ese presupuesto podría orientarse a reforzar la protección de la población en general. La pregunta de fondo no es solo si estos escoltas y dispositivos son necesarios, sino si el tamaño del gasto está siendo supervisado con suficiente rigor.
La revelación también abre una disputa más amplia sobre transparencia y eficiencia. Cuando un rubro supera cifras de alto impacto como las aquí mencionadas, el debate deja de ser técnico y se vuelve político: obliga a revisar criterios de asignación, riesgos reales, temporalidad de las medidas y mecanismos de control. En un país acostumbrado a discutir el costo del Estado, este caso vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la seguridad, cuando se administra sin suficiente escrutinio, puede convertirse en una de las partidas más pesadas y menos explicadas ante la ciudadanía.
