Canadá pone límite a las redes sociales para menores de 16 años

Canadá sacudió este miércoles el debate global sobre infancia y tecnología al presentar un proyecto de ley que, en la práctica, podría impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, salvo que las plataformas demuestren que cuentan con mecanismos de protección suficientes. La propuesta no es un gesto simbólico: apunta directamente al corazón del modelo de negocio de las grandes tecnológicas, construido para retener atención a cualquier costo, y se apoya en una premisa cada vez más compartida por gobiernos y especialistas: la arquitectura actual de las redes no está diseñada pensando en niños y adolescentes.

Según explicó el ministro de Cultura, Marc Miller, la iniciativa busca fijar estándares mínimos de seguridad y obligar a las empresas a comprobar que sus servicios son aptos para menores. El texto incorpora siete categorías de contenido dañino, entre ellas publicaciones que promueven autolesiones, violencia, odio o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Además, obliga a implementar sistemas de verificación de edad y crea una nueva Comisión de Seguridad Digital de Canadá, organismo que se encargaría de hacer cumplir la ley y cuya puesta en marcha, de acuerdo con el propio gobierno, podría tomar hasta 18 meses. Las plataformas dedicadas a contenido para adultos quedarían fuera de cualquier posibilidad de excepción, mientras que las compañías que desarrollan chatbots de inteligencia artificial también quedarían sometidas a reglas de actuación responsable, incluyendo protocolos para actuar en situaciones de crisis.

La propuesta canadiense no surge en el vacío. Toma como referencia la experiencia de Australia, donde una normativa similar llevó a revocar el acceso de millones de cuentas vinculadas a menores, aunque el proceso desató una discusión intensa sobre privacidad, verificación de identidad y el alcance real de estas prohibiciones. Ahora, Ottawa se suma a una corriente internacional en expansión: Brasil e Indonesia ya anunciaron restricciones parecidas, mientras que Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur discuten fórmulas similares. El mensaje político es claro: la responsabilidad ya no puede recaer solo en los padres o en las escuelas. Si una plataforma se beneficia de la interacción de menores, también debe demostrar que sabe protegerlos.

Lo que está en juego va más allá de una pelea regulatoria. Canadá está diciendo, en voz alta, que el costo psicológico de la economía de la atención es demasiado alto para seguir ignorándolo: ansiedad, aislamiento, depresión y exposición a extorsión sexual son parte del daño que el gobierno quiere contener. Si el proyecto prospera, puede convertirse en una referencia para otros países que todavía dudan entre la autorregulación y la coerción legal. En Estados Unidos y Colombia, donde la conversación sobre menores, redes y salud mental también avanza pero sin reglas tan estrictas, el debate canadiense probablemente presione a legisladores y empresas a responder una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién está realmente protegiendo a los niños cuando pasan horas frente a una pantalla?