Bula se reunió con la ONU para revisar la política antidrogas y la sustitución de cultivos
Imagen: El Tiempo - Política
El canciller Omar Bula sostuvo un encuentro con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para revisar avances en sustitución de cultivos ilícitos, seguridad y fortalecimiento institucional. La reunión apunta a mantener el acompañamiento internacional en una agenda que sigue siendo crítica para Colombia.
El canciller Omar Bula sostuvo una reunión con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la que se revisaron los avances y proyectos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad y el fortalecimiento institucional. El encuentro, según informó El Tiempo - Política, confirma que el Gobierno sigue buscando respaldo internacional para una de las tareas más complejas y sensibles de su agenda rural y de seguridad: reducir la dependencia de economías ilegales sin dejar a las comunidades campesinas a merced de nuevas crisis.
La conversación se centró en el balance de los programas en curso y en la necesidad de sostenerlos con cooperación técnica y seguimiento institucional. En la práctica, ese tipo de reuniones suele servir para medir qué está funcionando, qué se ha quedado en el papel y dónde persisten los cuellos de botella. La sustitución de cultivos ilícitos no depende solo de erradicar sembrados; requiere presencia del Estado, vías, mercados legales, asistencia técnica y condiciones mínimas de seguridad para que las familias no vuelvan a depender de la coca como única opción económica. Por eso, el componente institucional fue tan relevante como el tema de los cultivos: sin capacidad estatal en territorio, cualquier avance termina siendo frágil.
Este encuentro también refleja una verdad incómoda para Colombia: el debate sobre política antidrogas sigue atrapado entre las exigencias internacionales, las presiones internas por resultados y una realidad territorial que no cambia al ritmo de los anuncios oficiales. La oficina de Naciones Unidas ha sido durante años un actor clave en la medición, acompañamiento y evaluación de estos programas, y su papel cobra más peso cuando el país intenta demostrar que puede combatir las economías ilegales con una estrategia más amplia que la fuerza pública. En ese contexto, la reunión de Bula no es un hecho aislado, sino parte de una negociación permanente entre el Estado colombiano y la cooperación internacional sobre cómo intervenir regiones donde la ilegalidad reemplaza al Estado.
Lo que realmente está en juego es si estos proyectos dejan de ser diagnósticos repetidos y empiezan a traducirse en cambios verificables para las comunidades. Para los campesinos de zonas cocaleras, la diferencia entre un anuncio y una política efectiva se mide en ingresos, seguridad y futuro. Y para el país, el resultado de estas conversaciones define buena parte de su credibilidad frente a una comunidad internacional que sigue observando si Colombia puede romper, de una vez por todas, el ciclo de cultivo, erradicación y reaparición.
