Cancillería dice que freno al convenio con Portugal no afectará pasaportes
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La Cancillería aseguró que la suspensión del convenio con Portugal no alterará el costo ni la expedición de pasaportes en Colombia. La medida obedece al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras el Gobierno avanza en un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons.
La Cancillería de Colombia salió este jueves a despejar dudas sobre el futuro del trámite de pasaportes: según explicó, el freno al convenio con Portugal y la firma de un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons no cambiarán ni el precio del documento ni la continuidad de su expedición. La aclaración llega en medio de la incertidumbre generada por el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que frenó el acuerdo que el Gobierno impulsaba con la nación europea.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión judicial obligó a reacomodar el esquema previsto para la producción de pasaportes, pero sin trasladar costos adicionales a los ciudadanos. En otras palabras, el Ejecutivo insiste en que el trámite seguirá operando bajo las mismas condiciones para los usuarios, mientras se ajusta el camino contractual para evitar un vacío en la prestación del servicio. El punto no es menor: el pasaporte es un documento sensible para millones de colombianos que dependen de él para viajar, estudiar, trabajar o atender asuntos migratorios.
El trasfondo de este episodio revela un pulso más amplio entre el Gobierno y la justicia alrededor de la contratación estatal. Portugal había sido presentado como parte de una salida institucional para cambiar el modelo de expedición, pero la medida cautelar frenó esa ruta y obligó a revisar el tablero. En ese contexto, la reaparición de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de la discusión por años en torno a la impresión de documentos oficiales, muestra que el Estado aún no logra cerrar definitivamente una transición que se ha anunciado varias veces y que sigue rodeada de controversia política y jurídica.
Para el ciudadano común, la clave está en dos frentes: que no haya interrupciones en la entrega de pasaportes y que no se disparen los costos del servicio. La Cancillería intenta transmitir estabilidad, pero el episodio confirma que la discusión sobre quién produce estos documentos sigue abierta y que cualquier decisión judicial puede mover de inmediato una pieza crítica del engranaje administrativo. En un país donde hacer un trámite público suele ser sinónimo de filas, demoras y cambios de reglas, la promesa oficial de que nada se encarecerá ni se frenará será puesta a prueba por los hechos en los próximos meses.
