Cancino pone bajo la lupa cambios en la ANDJE por posible “amarre” de cargos
Imagen: infobae colombia
Iván Cancino, ministro de Justicia designado, encendió las alarmas por una presunta maniobra para ajustar cargos en la ANDJE tras la Resolución 468. Pidió revisar si los cambios respetan el mérito y la legalidad, en plena transición de gobierno.
El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, advirtió una posible irregularidad en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) tras la expedición de la Resolución 468 del 23 de julio de 2026, con la que se modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. La alerta no apunta todavía a una irregularidad confirmada, pero sí abre una discusión delicada en plena etapa de empalme: si los ajustes hechos en perfiles y funciones pueden terminar alterando, por la puerta de atrás, las reglas de acceso a cargos públicos.
Según informó Infobae Colombia, la preocupación del equipo de transición surgió luego de revisar el acto administrativo publicado por la ANDJE, en el que se cambiaron aspectos relacionados con los perfiles académicos, los Núcleos Básicos del Conocimiento y las funciones específicas de algunos empleos. Aunque la modificación no tocaría la clasificación ni el nivel jerárquico de los puestos, Cancino sostuvo que cualquier ajuste de ese tipo debe pasar por un filtro técnico y jurídico riguroso, porque puede tener efectos sobre concursos, permanencia y asignación de responsabilidades dentro de la entidad. En otras palabras: lo que parece un cambio administrativo menor puede terminar redefiniendo quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones.
El punto sensible, y el que explica la reacción pública del ministro designado, es el riesgo de que una actualización de manual termine funcionando como una forma de direccionar cargos o acomodar perfiles a la medida de determinadas personas. En el lenguaje burocrático colombiano, eso es lo que se conoce como “amarre” de cargos, una práctica que erosiona el principio de mérito y le resta legitimidad al empleo público. Cancino no afirmó que haya una conducta probada, pero sí pidió revisar de inmediato si la resolución cumple con la legalidad y si respeta los principios de transparencia, igualdad y acceso meritocrático, que son la base de cualquier administración seria.
La instrucción ya fue trasladada al abogado Germán Calderón España, director designado de la ANDJE y encargado del componente anticorrupción del empalme. Él deberá adelantar un estudio técnico y jurídico sobre la Resolución 468 y, si encuentra elementos suficientes, promover las acciones penales y disciplinarias que correspondan. El mensaje político es claro: el nuevo equipo no quiere que la transición arranque con dudas sobre posibles maniobras administrativas en una entidad clave para la defensa jurídica del Estado.
Más allá del caso puntual, el episodio revela una tensión que se repite cada vez que cambia el poder en Colombia: la frontera entre la reorganización administrativa legítima y el uso de las entidades para dejar amarradas decisiones de personal. La ANDJE no es una oficina cualquiera; maneja información y estrategias legales sensibles para el Estado, de modo que cualquier sospecha sobre sus nombramientos o manuales de funciones tiene implicaciones que trascienden lo interno. Si la revisión concluye que la resolución se ajusta a derecho, el ruido quedará en advertencia. Si encuentra fallas, el asunto podría convertirse en un nuevo expediente sobre cómo se usan los actos administrativos para influir en el empleo público.
