Capturan a Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira, tras fallo de la Corte Suprema
Imagen: infobae colombia
Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira y padre del senador Alfredo Deluque, quedó a disposición del CTI tras un fallo de la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratación. El caso golpea de nuevo a una familia con peso político en el Caribe colombiano.
Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira y figura cercana al poder político regional, quedó a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo en su contra por presuntas irregularidades en contratación. El caso vuelve a poner bajo la lupa la manera en que se han manejado históricamente los recursos públicos en uno de los departamentos más golpeados por la corrupción y la captura política del Estado.
La captura o entrega del exmandatario se produce en un momento especialmente sensible para su entorno familiar y político. Deluque es padre del senador Alfredo Deluque, dirigente del partido de La U que recientemente perdió la disputa por la presidencia del Senado para el periodo 2026-2027 frente a Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Aunque los dos hechos pertenecen a escenarios distintos, en la práctica terminan conectándose en el tablero nacional: La Guajira sigue siendo un territorio donde los nombres propios pesan tanto como las investigaciones judiciales que los rodean.
De acuerdo con la información disponible, el caso contra Hernando Deluque se originó en decisiones relacionadas con contratación pública, un terreno en el que la justicia colombiana ha encontrado de manera reiterada patrones de favorecimiento, opacidad y posible detrimento para el patrimonio público. Que la Corte Suprema haya emitido un fallo condenatorio o de alto impacto judicial en este expediente no solo compromete al exgobernador, sino que también envía un mensaje sobre la presión creciente para revisar expedientes que durante años avanzaron con lentitud. En departamentos como La Guajira, donde la ciudadanía convive con déficits en agua, salud, educación e infraestructura, cada caso de corrupción no es una estadística más: es plata que deja de llegar donde más se necesita.
Más allá del efecto inmediato sobre la trayectoria de Deluque, este episodio reabre una discusión mayor sobre el costo político de las redes familiares en la región Caribe y sobre la capacidad real del sistema judicial para tocar a figuras con influencia territorial. Si el proceso avanza sin dilaciones, podría convertirse en otro antecedente de peso para medir hasta dónde están llegando los tribunales en la persecución de la contratación irregular. Pero también deja una advertencia conocida: en Colombia, las decisiones judiciales suelen llegar tarde para la indignación pública, aunque sean inevitables para la memoria institucional.
