Carnaval de Soledad bajo cuestionamiento: contrato de $2.050 millones y reclamos de los hacedores culturales
Omar RodríguezHace 6 años
Un contrato para la organización de las festividades de 2020 despertó cuestionamientos por su cuantía, la selección del operador y el apoyo destinado a las agrupaciones folclóricas. Mientras se comprometían recursos millonarios para actividades culturales y logísticas, representantes de comparsas y danzas denunciaban dificultades económicas, falta de estímulos y problemas para participar en los desfiles. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente | Soledad, Atlántico | Cultura y contratación pública 12 de marzo de 2020
El Carnaval de Soledad, una de las expresiones culturales más representativas del Atlántico, quedó en el centro de una controversia por el manejo de recursos públicos y las denuncias de sus principales protagonistas: los hacedores de la tradición.
Durante las festividades de 2020, desarrolladas bajo la administración del alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, surgieron cuestionamientos sobre un contrato cuya cuantía, según documentos citados en una denuncia periodística, alcanzó los $2.050 millones.
El contrato habría sido celebrado con la Fundación Social Alianza Estratégica de Colombia para apoyar actividades de promoción y fortalecimiento cultural.
Sin embargo, mientras se destinaban recursos para la organización de eventos, representantes de agrupaciones folclóricas denunciaron falta de apoyo económico y desacuerdos sobre los pagos correspondientes a su participación.
La controversia plantea una pregunta de interés público: ¿cómo se distribuyeron los recursos destinados al Carnaval y qué beneficios recibieron las organizaciones encargadas de mantener viva esta tradición?
Un contrato inicial de $1.500 millones y una adición de $550 millones
De acuerdo con la documentación descrita por el medio Corrupción al Día, la administración municipal suscribió el contrato número 100120-001 el 10 de enero de 2020.
El valor inicial habría sido de $1.500 millones.
Posteriormente, el 19 de febrero, se habría realizado una adición presupuestal de $550 millones, elevando el valor contractual a $2.050 millones.
El objeto contemplaba actividades relacionadas con la promoción de tradiciones, costumbres y expresiones culturales del municipio.
La cuantía genera preguntas sobre la distribución del presupuesto, los procedimientos de contratación y la ejecución de las obligaciones.
No obstante, la existencia de un contrato de alto valor no demuestra por sí sola una irregularidad.
Para determinar si los recursos fueron utilizados adecuadamente es indispensable revisar el expediente contractual, los estudios previos, las obligaciones del contratista, los informes de supervisión, los pagos y los soportes de ejecución.
¿Quién administró los recursos del Carnaval?
La organización de las actividades culturales fue relacionada con la Fundación Social Alianza Estratégica de Colombia.
En las denuncias publicadas aparece mencionada Sheyla Lucía Restrepo Nieto como representante vinculada con la ejecución del contrato.
Las críticas se concentraron en la capacidad de respuesta del operador frente a las necesidades de las agrupaciones folclóricas y en los recursos destinados a la programación artística.
El medio que divulgó las denuncias también cuestionó la modalidad utilizada para seleccionar al contratista.
Sin embargo, calificar una contratación directa como ilegal exige verificar el régimen aplicable y las causales legales que podían justificar su utilización.
La investigación debe establecer qué procedimiento se siguió, cuáles fueron sus fundamentos y si la entidad contratante cumplió los requisitos correspondientes.
El monto contractual, por elevado que resulte, no sustituye ese análisis jurídico.
Los hacedores culturales denuncian falta de apoyo
El descontento de los gestores culturales constituyó uno de los aspectos más visibles de la controversia.
Representantes de comparsas, danzas y organizaciones tradicionales afirmaron que los estímulos ofrecidos resultaban insuficientes para asumir los costos de participación.
Entre las voces recogidas por Corrupción al Día figura Guisella Fiorillo, integrante de la comparsa Renacer Soledeño.
La gestora denunció que, durante una reunión, se había informado a representantes de unas 180 agrupaciones que existían apenas $35 millones disponibles para sus apoyos.
También explicó que los gastos de sonido y acompañamiento musical representaban dificultades económicas para los participantes.
Estas afirmaciones corresponden a testimonios publicados durante la controversia y requieren contrastarse con los presupuestos y compromisos oficiales.
Los hacedores culturales no solamente participan en los desfiles.
También financian ensayos, vestuarios, instrumentos, transporte y numerosas actividades de preparación.
Cuando los estímulos son insuficientes o los pagos se retrasan, la continuidad de las agrupaciones puede verse afectada.
Más de cien agrupaciones expresaron su inconformidad
Las denuncias también describieron la decisión de numerosas agrupaciones de no participar en determinados eventos como manifestación de rechazo a las condiciones ofrecidas.
Según la información publicada, más de cien grupos habrían manifestado inconformidad y una parte considerable no habría desfilado.
Entre los motivos señalados figuraban los recortes de apoyos, las dificultades logísticas y los desacuerdos con la organización.
El alcance exacto de la protesta debe comprobarse mediante los registros de participación y las declaraciones de sus representantes.
Sin embargo, la controversia evidencia una tensión importante entre los recursos destinados a los espectáculos y las necesidades de las organizaciones que sostienen la tradición.
Un Carnaval puede contar con tarimas, iluminación y presentaciones musicales, pero su identidad cultural también depende de quienes preparan las danzas, comparsas, disfraces y demás expresiones populares.
El debate entre logística y estímulos culturales
La controversia no se limitó a determinar cuánto dinero había disponible.
También surgió una diferencia sobre quién debía pagar determinados apoyos.
En una cobertura del medio Contrastes, el secretario de Cultura de Soledad, Domingo Amarís, explicó que el contrato con el operador estaba destinado a la logística y que la administración municipal debía responder por los estímulos culturales.
Esa distinción resulta fundamental.
Si los recursos contratados estaban destinados a tarimas, sonido, iluminación y servicios de organización, no corresponde concluir automáticamente que todo el presupuesto debía entregarse directamente a las comparsas.
Pero sí es necesario establecer cuánto dinero se destinó a los distintos componentes y qué compromisos asumieron la Alcaldía y el operador.
La ausencia de una explicación pública detallada puede alimentar la desconfianza de los ciudadanos y de los artistas.
Las obligaciones contractuales bajo examen
Según la información divulgada, el contrato incluía compromisos de apoyo técnico, logística, acompañamiento y actividades de fortalecimiento cultural.
Los representantes de agrupaciones denunciaron deficiencias en algunos de esos servicios.
La verificación debe establecer si las actividades previstas fueron realmente ejecutadas y si las condiciones acordadas se cumplieron.
Para ello se requieren informes de supervisión, actas de recibo, registros de participación y comprobantes de pago.
También sería necesario revisar las obligaciones específicas de capacitación y acompañamiento para determinar si se desarrollaron conforme al contrato.
Una inconformidad ciudadana puede revelar problemas importantes, pero la conclusión sobre un incumplimiento contractual debe sustentarse documentalmente.
El papel de la Alcaldía de Rodolfo Ucrós
El contrato fue relacionado con la administración del alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, quien había asumido el Gobierno municipal en enero de 2020.
Como entidad contratante, la Alcaldía tenía responsabilidades de planeación, seguimiento y supervisión de los recursos públicos.
La existencia de un operador externo no elimina esas obligaciones institucionales.
Por eso, la administración municipal debía poder explicar cómo se estructuró el presupuesto, qué actividades fueron financiadas y cuáles eran los compromisos frente a los hacedores.
También corresponde conocer la versión del contratista respecto de las denuncias y las razones de los posibles desacuerdos.
Sin esa información, no es posible atribuir responsabilidades por eventuales irregularidades.
¿Cuánto llegó realmente a las agrupaciones?
Esta es una de las preguntas centrales de la controversia.
De acuerdo con las denuncias divulgadas, el contrato alcanzaba los $2.050 millones, mientras representantes de las agrupaciones señalaban que los estímulos disponibles eran considerablemente inferiores.
La diferencia entre ambas cantidades no demuestra por sí sola un desvío de recursos, porque el contrato podía incluir servicios diferentes de los apoyos económicos directos.
Sin embargo, sí exige claridad sobre su distribución.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto se pagó por tarimas, sonido, luces, artistas invitados, transporte, organización y demás actividades previstas.
También deben conocerse los recursos comprometidos para los hacedores y las fechas de entrega.
La transparencia en la contratación pública no consiste únicamente en publicar una cifra global.
Debe permitir comprender qué se compró, cuánto costó, quién lo suministró y qué recibió efectivamente la comunidad.
Cuando la tradición queda en medio de la controversia
El Carnaval de Soledad es una manifestación cultural construida durante generaciones.
Sus protagonistas son los músicos, bailarines, artesanos, comparseros, gestores y familias que participan en la preparación de las festividades.
La preservación de esa tradición requiere apoyo institucional y mecanismos transparentes de distribución de los recursos.
Las dificultades económicas denunciadas por algunas agrupaciones muestran la importancia de incorporar a los hacedores en las decisiones sobre programación y estímulos.
También evidencian la necesidad de evitar que la organización de los espectáculos se desarrolle desconectada de quienes mantienen las expresiones culturales.
Los recursos públicos destinados al Carnaval deben contribuir a proteger su continuidad, no solamente a financiar actividades temporales.
Las preguntas que deben responderse
La controversia sobre la contratación del Carnaval de Soledad de 2020 deja asuntos que requieren explicación documental.
¿Cuál fue el valor definitivo del contrato?
¿Qué justificó su adición presupuestal?
¿Cómo se seleccionó a la fundación operadora?
¿Cuánto dinero recibió efectivamente cada proveedor?
¿Cuáles fueron las obligaciones de la Alcaldía frente a los estímulos culturales?
¿Qué pagos recibieron las agrupaciones folclóricas?
¿Y qué mecanismos de supervisión permitieron comprobar la ejecución de las actividades?
Responder estos interrogantes permitiría establecer si los cuestionamientos se explican por problemas de organización, desacuerdos contractuales o posibles irregularidades que deban ser examinadas por las autoridades competentes.
El Carnaval merece transparencia y respeto por sus hacedores
Las denuncias sobre la organización del Carnaval de Soledad no deben convertirse en acusaciones penales sin pruebas.
Pero tampoco pueden desestimarse porque las festividades ya hayan terminado.
El manejo de recursos públicos exige rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de actividades que buscan preservar el patrimonio cultural de una comunidad.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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